El Congreso del Estado de Chiapas aprobó este viernes dos reformas constitucionales impulsadas desde el Congreso de la Unión: una en materia electoral y otra relacionada con la integración del Poder Judicial Federal.
Durante una sesión extraordinaria presidida por la diputada Alejandra Gómez Mendoza, la Sexagésima Novena Legislatura avaló la modificación al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incorporar una nueva causal de nulidad electoral por intervención o injerencia extranjera.
La propuesta fue aprobada por urgente y obvia resolución con 30 votos a favor, cinco en contra y cinco ausencias, convirtiendo a Chiapas en el primer Congreso local del país en respaldar esta reforma constitucional.
El dictamen establece que una elección podrá ser anulada cuando se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en sus resultados.
Durante la discusión, el diputado Rubén Zuarth Esquinca, del PRI, manifestó su rechazo a la iniciativa, mientras que la diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez, del PT, defendió el proyecto desde tribuna.
En la misma sesión, el pleno aprobó también la reforma constitucional en materia del Poder Judicial con 29 votos a favor, cinco en contra y seis ausencias.
Entre los cambios más relevantes destaca el aplazamiento de la elección federal de magistradas, magistrados, juezas y jueces, la cual se realizará en junio de 2028 y no en 2027, como se contemplaba inicialmente.
La reforma establece que la ciudadanía elegirá mediante voto libre, directo y secreto a quienes ocuparán diversos cargos dentro del Poder Judicial Federal. La jornada electoral se llevará a cabo el primer domingo de junio del cuarto año del periodo constitucional correspondiente.
Asimismo, se determinó que la renovación de magistraturas y juzgados será escalonada. Una parte de los cargos será elegida en el proceso extraordinario de 2025 y el resto durante la elección federal de 2028.
El Instituto Nacional Electoral (INE) será responsable de realizar los cómputos, publicar los resultados, entregar las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección, además de remitir los resultados a las autoridades jurisdiccionales correspondientes.
La reforma también contempla la creación de comités de evaluación integrados por especialistas en materia jurídica, quienes tendrán la responsabilidad de revisar perfiles y coordinar los procesos de selección de candidaturas.
Durante el debate, legisladores de oposición cuestionaron los cambios aprobados. La diputada del PAN, Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, sostuvo que el aplazamiento de la elección judicial representa un reconocimiento de las deficiencias de la reforma original.
La legisladora señaló que Acción Nacional había advertido sobre los riesgos de empatar procesos judiciales con elecciones políticas y afirmó que modificar la fecha de la elección no resuelve los problemas de fondo.
Además, acusó que la reforma mantiene mecanismos que podrían propiciar una mayor influencia política en la designación de jueces y magistrados, y expresó preocupación por la creación de nuevas instancias disciplinarias dentro del Poder Judicial.
En contraste, la diputada Getsemaní Moreno Martínez, de Morena, defendió la reforma al señalar que fortalece la participación ciudadana en la conformación de los órganos encargados de impartir justicia en el país.
