El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma al Artículo 127 de la Constitución para eliminar las llamadas “pensiones doradas” que reciben ex funcionarios de empresas paraestatales, banca de desarrollo y otros organismos públicos.
Con 116 votos a favor de todas las fuerzas políticas, la reforma establece que las pensiones y jubilaciones en entidades públicas no podrán ser mayores al 50 por ciento de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo federal. Con ello, pensiones como la de un ex subdirector de Luz y Fuerza del Centro, que actualmente percibe un millón 9 mil 106 pesos mensuales, quedarían en alrededor de 70 mil pesos una vez que se promulgue la reforma.
Aunque PAN, MC y PRI votaron a favor, legisladores de esos partidos señalaron que la reforma quedó incompleta, ya que no incluye las pensiones de altos mandos de las fuerzas armadas, de toda la administración pública federal ni de ministros en retiro de la Suprema Corte. También expresaron dudas sobre si la medida aplicará de forma retroactiva.
En respuesta, los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Óscar Cantón Zetina y Enrique Inzunza, señalaron que al tratarse de una modificación constitucional sí puede aplicarse a pensiones vigentes, ya que existen criterios de la Suprema Corte que permiten cambiar disposiciones cuando se trata del uso de recursos públicos.
Añadieron que la reforma busca ordenar el sistema de pensiones del sector paraestatal, donde miles de ex funcionarios reciben montos millonarios que generan una fuerte carga al erario.
