La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en lo general la reforma electoral conocida como “plan B”, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con cambios a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución para reducir presupuestos en congresos estatales, limitar el número de regidores y ajustar salarios de consejeros y magistrados electorales.
Tras más de cuatro horas de debate marcado por confrontaciones, la minuta enviada por el Senado se avaló sin modificaciones con 377 votos a favor de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, frente a 102 en contra de PAN y PRI.
Durante la sesión, que arrancó con descalificaciones entre bancadas, legisladores de la mayoría defendieron la reforma como una medida de austeridad, mientras que la oposición sostuvo que los ahorros previstos serían mínimos frente a los costos de operación del gobierno federal.
El diputado del PT, Amadeo Espinosa Ramos, afirmó que la reforma busca consolidar la austeridad republicana como eje del ejercicio del poder y eliminar estructuras de privilegio. Explicó que uno de los cambios obligaría a que los congresos estatales no ejerzan más del 0.70 por ciento del presupuesto de cada entidad, cuando actualmente el promedio es de 0.73 por ciento.
También destacó que se establecerá que consejeros y magistrados electorales no puedan ganar más que la titular del Ejecutivo federal, y que los ayuntamientos tendrán un máximo de 15 regidores, con el objetivo de reducir el gasto corriente y hacer más funcionales los cabildos.
Desde Morena, Leonel Godoy criticó a la oposición por rechazar la iniciativa y aseguró que no respaldarían ningún proyecto del gobierno. En medio del debate, incluso se registraron burlas y frases entre legisladores que reflejaron el ambiente de tensión en el recinto.
En contraste, el PRI y el PAN argumentaron que el ahorro planteado es marginal. El priísta Emilio Suárez Licona sostuvo que la reforma afecta la autonomía municipal y debilita a las instituciones electorales, además de basarse en cálculos que no representan un impacto real en las finanzas públicas.
Señaló que la reducción de regidurías sería mínima en proporción al total nacional, lo que generaría ahorros limitados por municipio. En el mismo sentido, la panista Laura Cristina Márquez aseguró que los recortes no tendrían efectos significativos en los presupuestos locales ni en la mejora de servicios públicos.
Previo a la votación, legisladores protagonizaron un intercambio de gritos e insultos en el pleno, lo que obligó a llamados de orden desde la Mesa Directiva. Para la discusión en lo particular, se acordó limitar las participaciones, aunque finalmente se contemplan decenas de intervenciones.
El dictamen continuará su proceso legislativo con el análisis de reservas en lo particular.
