A partir de ahora, la desaparición de una persona deberá detonar una alerta nacional automática que movilice de forma inmediata a autoridades de los tres niveles de gobierno, fiscalías, comisiones de búsqueda y hasta empresas privadas en todo el país.
La Secretaría de Gobernación formalizó el protocolo que regula la Alerta Nacional de Búsqueda, el cual establece que el aviso será emitido sin demoras por la Comisión Nacional de Búsqueda y enviado de manera simultánea a instituciones públicas y privadas para ampliar el alcance de localización.
El mecanismo no tendrá fecha de caducidad: la alerta permanecerá activa hasta que exista confirmación oficial de la localización de la persona. La finalidad, señala el documento, es evitar dilaciones y garantizar una reacción coordinada desde el primer momento.
Las fiscalías deberán abrir expedientes, realizar búsquedas en sus sistemas y activar, en su caso, otros instrumentos como Alerta AMBER, Protocolo Alba o mecanismos de cooperación internacional. Paralelamente, hospitales, Cruz Roja, centrales de autobuses, aeropuertos, instituciones financieras y cadenas comerciales podrán recibir la ficha para su difusión.
El protocolo también contempla la colaboración del Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores cuando se trate de personas extranjeras.
Además, se advierte que las autoridades o particulares que incumplan con las obligaciones establecidas podrán enfrentar sanciones administrativas, civiles o penales.
La medida será evaluada de manera semestral con participación de familiares de personas desaparecidas, en un intento por fortalecer la coordinación y reducir los tiempos de respuesta ante cada reporte.
