Tenejapa, Chiapas.— Entre montañas y bajo resguardo federal, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó asiento frente a población tseltal para celebrar su primera sesión itinerante en 201 años de historia.
La explanada de la Casa de la Cultura se convirtió en sede del máximo tribunal del país, mientras a unos metros niñas y niños continuaban sus actividades cotidianas al tiempo que se discutía un asunto clave para los pueblos originarios.
El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, encabezó la jornada y calificó el acto como “el nuevo rostro de la justicia”. En el centro del debate estuvo el amparo promovido por la comunidad tsotsil de La Candelaria, en San Cristóbal de Las Casas, integrada por alrededor de 2 mil 200 habitantes que desde febrero de 2021 emprendieron la vía legal para que se les reconozca formalmente su derecho al autogobierno y a la administración directa de los recursos públicos.
La Corte resolvió que el Congreso de Chiapas incurrió en omisión legislativa al no adecuar el marco normativo local conforme a las reformas constitucionales en materia de derechos colectivos indígenas. En su sentencia, el máximo tribunal reconoció el derecho de la comunidad al autogobierno y ordenó armonizar la legislación estatal en la materia.
Como parte de los efectos de la resolución, se estableció que el Congreso local deberá legislar para hacer efectivos estos derechos en un plazo de 180 días a partir de la expedición de la Ley General que dará contenido al artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La sesión pública se realizó directamente en territorio indígena, una decisión que, según explicaron las ministras Loretta Ortiz, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Sara Irene Herrerías y el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, busca reducir la brecha histórica entre las instituciones judiciales y las comunidades que enfrentan los efectos de sus resoluciones.
“La Suprema Corte ha tomado la decisión de traer la justicia al territorio; que ustedes vean que pertenecemos al pueblo quienes hacemos justicia”, expresó el ministro presidente ante las y los asistentes.
A distancia participaron los ministros Giovanni Azael Figueroa Mejía e Irving Espinosa Betanzo, mientras que la ministra María Estela Ríos González estuvo ausente.
Con esta resolución, la Suprema Corte no solo sentó un precedente jurídico de alcance constitucional, sino que también marcó un hecho simbólico al salir de su sede en la Ciudad de México para sesionar en una comunidad indígena, colocando en el centro del debate el derecho de los pueblos originarios a decidir sobre su organización política y el ejercicio directo de los recursos públicos.
