La propuesta federal para limitar las deducciones de empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos abrió un debate entre la necesidad de elevar la recaudación y el riesgo de reducir la liquidez disponible para invertir, contratar personal y mantener operaciones formales.
El cambio forma parte del Paquete Económico 2027 y busca cerrar espacios utilizados por compañías que reportan pérdidas durante varios ejercicios o pagan poco Impuesto Sobre la Renta. La discusión no está centrada en impedir que la autoridad combata la evasión, sino en determinar si el nuevo límite también alcanzará a negocios cumplidos cuyos costos operativos son altos y sus márgenes de ganancia reducidos.
Organizaciones empresariales plantearon revisar el diseño antes de su aprobación definitiva. El Consejo Coordinador Empresarial acordó abrir mesas técnicas con la Secretaría de Hacienda, mientras representantes del comercio exterior y del sector patronal advirtieron que una utilidad fiscal más alta no siempre refleja el efectivo que una compañía conserva después de cubrir mercancías, nómina, renta, energía, transporte e intereses.
El alcance de la propuesta fiscal
La medida se aplicaría a personas morales residentes en México con más de 50 millones de pesos en ingresos acumulables y que obtengan utilidad fiscal. Uno de los componentes analizados fija las deducciones autorizadas en hasta 96.67 por ciento de los ingresos acumulables; otro reduce de 30 a 20 por ciento el límite deducible para intereses netos.
Hacienda sostiene que el ajuste permitiría contener prácticas que erosionan la base gravable. Entre los casos señalados están sociedades que permanecen activas pese a acumular hasta una década sin utilidades declaradas. La estimación oficial coloca en alrededor de 140 mil millones de pesos la recaudación adicional asociada a cambios en deducciones y pérdidas fiscales.
Liquidez, empleo e inversión bajo presión
El punto de fricción aparece en compañías que venden grandes volúmenes pero ganan pocos centavos por cada peso facturado. Distribuidores, mayoristas, comercios y abarroteros suelen destinar buena parte de sus ingresos a reponer inventario y sostener gastos cotidianos. Si una fracción de esos costos deja de reducir la base del ISR, el impuesto puede crecer aun cuando el margen financiero permanezca estrecho.
Ante una menor disponibilidad de efectivo, las respuestas posibles serían aplazar maquinaria, cancelar una sucursal, contratar menos trabajadores o ajustar plantillas. Subir precios tampoco es una salida automática, porque la competencia y la capacidad de compra de los consumidores limitan cuánto puede trasladarse. El efecto merece atención debido a que las micro, pequeñas y medianas empresas representan 99.8 por ciento de las unidades económicas del país.
La formalidad entra en la discusión
Las cámaras también colocaron sobre la mesa un efecto indirecto: empresas con menos flujo podrían trasladar parte de su actividad a esquemas informales. Eso incluiría registrar remuneraciones menores ante la seguridad social, pagar una parte fuera de nómina o fragmentar operaciones. Tales decisiones reducirían la protección laboral y, con el tiempo, podrían debilitar la misma recaudación que el ajuste intenta fortalecer.
El sector privado ha respaldado que el Servicio de Administración Tributaria persiga facturas de operaciones inexistentes y estructuras creadas para disminuir artificialmente el pago de impuestos. Su petición es construir filtros que separen esas conductas de la operación ordinaria de compañías que presentan declaraciones y sostienen empleos formales.
Una decisión ligada a las finanzas públicas
La propuesta llega cuando el gobierno proyecta que los ingresos tributarios alcancen 15.9 por ciento del producto interno bruto en 2027, mientras la deuda pública rondaría 55 por ciento del PIB y el costo financiero se acercaría a 1.57 billones de pesos. En ese contexto, el ISR corporativo es una pieza central para ampliar los ingresos sin anunciar un incremento general de tasas.
El debate legislativo deberá resolver cómo impedir abusos sin castigar inversión productiva. Las mesas técnicas podrán revisar márgenes, sectores y mecanismos de transición antes de que el paquete avance. El resultado tendrá consecuencias tanto para las metas recaudatorias como para decisiones empresariales que se toman con meses de anticipación, desde presupuestos de capital hasta nuevas contrataciones.
Fuentes: Expansión, IDC Online
