El Consejo de Ministros de España aprobó este martes 29 de septiembre dos reales decretos-ley para intervenir en la crisis de vivienda, con prórrogas de alquiler, protección para hogares vulnerables frente a desalojos y restricciones dirigidas a fondos de inversión, aunque ambos textos deberán superar una votación en el Congreso.
El paquete fue dividido después de una negociación entre el Partido Socialista Obrero Español y Sumar. Un decreto concentra las principales medidas de protección residencial y regulación del mercado; el segundo contiene la renovación automática de contratos de alquiler. La separación permitirá que cada texto tenga una votación independiente.
El Gobierno solicitó un pleno extraordinario para el viernes 2 de octubre, a partir de las 11:00 horas, con el propósito de someter las dos normas a convalidación. El Ejecutivo de Pedro Sánchez no cuenta por sí solo con mayoría parlamentaria y todavía debe reunir los votos necesarios para mantener vigentes los decretos.
Los contratos que vencen hasta 2028 tendrán una prórroga especial
Una de las disposiciones anunciadas permitirá extender durante dos años determinados contratos de alquiler que concluyan antes del 31 de diciembre de 2028. La medida busca dar continuidad a hogares que tendrían que negociar un nuevo acuerdo o encontrar otra vivienda al finalizar su arrendamiento.
El paquete también contempla limitar incrementos en rentas situadas por encima del índice de referencia. El alcance dependerá de los requisitos y excepciones incluidos en los textos definitivos, por lo que la medida no implica una congelación general de todos los alquileres del país.
La renovación automática quedó en el segundo decreto. El mecanismo está dirigido a prolongar la relación contractual cuando el inquilino cumpla sus obligaciones, bajo las condiciones fijadas por la norma. Esta propuesta fue una de las demandas centrales de organizaciones de arrendatarios durante las negociaciones.
La protección ante desalojos se extendería hasta 2030
El primer decreto prolonga hasta 2030 el escudo social destinado a hogares vulnerables que enfrentan procedimientos de desalojo. La protección opera en supuestos determinados y está vinculada con la ausencia de una alternativa habitacional; no constituye una prohibición absoluta para que cualquier propietario recupere una vivienda.
Dentro del mismo bloque se incluyó la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones. El objetivo declarado es impedir que esas modalidades eludan las reglas aplicables al arrendamiento residencial ordinario, uno de los puntos señalados en las protestas recientes.
El Gobierno incorporó además restricciones, hasta 2028, para que fondos de inversión inmobiliaria adquieran viviendas. Las condiciones, límites y posibles excepciones deberán quedar definidos en el articulado, junto con las medidas fiscales y económicas dirigidas a determinados inquilinos, propietarios y compradores jóvenes.
El caso de Maricarmen llevó la crisis a la Puerta del Sol
La aprobación se produjo después del desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años y con discapacidad que había vivido durante siete décadas en una vivienda del barrio madrileño de El Retiro. El inmueble fue adquirido por una empresa inversora y el procedimiento provocó una ola de protestas.
Desde el sábado, manifestantes y activistas instalaron un campamento en la Puerta del Sol de Madrid. Las movilizaciones reclamaron mayor protección frente a desalojos, límites a los aumentos de renta y contratos de mayor duración. El paquete quedó identificado en el debate público como “decreto Maricarmen”.
Los pequeños propietarios también forman parte de la discusión. Junts exige que las normas distingan entre quienes poseen una o dos viviendas y las entidades con grandes carteras, además de que las administraciones cubran impagos en casos de vulnerabilidad. La formación no ha garantizado su apoyo a los dos textos.
Dos votaciones decidirán la continuidad de las medidas
El Partido Popular anticipó su rechazo, mientras Podemos calificó las medidas como insuficientes y cuestionó la división en dos decretos. ERC y EH Bildu se encuentran entre las fuerzas que han reclamado una intervención más amplia en el mercado del alquiler.
La Constitución española permite al Ejecutivo aprobar reales decretos-ley en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, pero obliga al Congreso a convalidarlos o derogarlos dentro de los 30 días siguientes. La Cámara también puede decidir que continúen su trámite como proyectos de ley por la vía de urgencia.
El viernes habrá una decisión separada para cada texto. Si uno obtiene mayoría y el otro es rechazado, únicamente el primero conservará su vigencia. Esa estructura deja la renovación automática de contratos en una votación distinta de las prórrogas, el escudo ante desalojos, la regulación de alquileres temporales y las restricciones a fondos inmobiliarios.
Fuentes: France 24, Caracol Radio
