Un juez federal vinculó a proceso a Ángel Aguirre Rivero por el delito de desaparición forzada relacionado con el caso Ayotzinapa y mantuvo la prisión preventiva, por lo que el exgobernador de Guerrero continuará recluido en el penal federal del Altiplano.
La resolución se emitió durante la madrugada de este 12 de agosto, tras una audiencia que se prolongó por más de 15 horas en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México. La vinculación abre una etapa de investigación complementaria y no equivale a una sentencia ni a una declaración de culpabilidad.
La Fiscalía General de la República sostuvo que existían datos de prueba para investigar la probable participación del exmandatario en hechos vinculados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ocurrida en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.
La medida judicial y el plazo de investigación
De acuerdo con los reportes de El Sur de Acapulco y Récord, el juez de control resolvió vincular a proceso a Aguirre Rivero y ratificó la prisión preventiva oficiosa. También fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, que permitirá a la fiscalía y a la defensa presentar o revisar nuevos elementos ante la autoridad judicial.
El proceso se sigue por desaparición forzada de persona. La determinación judicial significa que el juzgador consideró que hay elementos para que la indagatoria continúe en sede penal; no anticipa el resultado final del expediente. La defensa del exgobernador manifestó su desacuerdo con la resolución y anunció que buscará impugnarla por las vías legales.
Qué investiga la Fiscalía en el caso
La imputación difundida por las fuentes consultadas se relaciona con el presunto ocultamiento o destrucción de videos de cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala. Esas grabaciones correspondían a la noche del 26 de septiembre de 2014 y a las primeras horas del día siguiente, cuando ocurrieron los ataques y la desaparición de los normalistas.
La FGR presentó testimonios y otros datos de prueba que, según su planteamiento, apuntan a la probable entrega de ese material al entonces gobernador y a una posible instrucción para impedir que fuera utilizado. Aguirre Rivero presentó 31 datos de prueba en su defensa durante la audiencia, mientras que la fiscalía expuso 13 elementos, según la cobertura periodística.
Un caso que sigue bajo investigación
La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa permanece como uno de los casos más relevantes de violaciones graves a derechos humanos en México. A casi doce años de los hechos, la investigación ha involucrado a autoridades de distintos niveles y mantiene pendientes sobre el paradero de los jóvenes y la reconstrucción completa de lo ocurrido.
En la audiencia, el juez explicó que los delitos de esta naturaleza requieren valorar indicios y elementos que permitan avanzar en la investigación. El periodo complementario servirá para contrastar las acusaciones de la fiscalía con los argumentos y pruebas de la defensa antes de que el asunto llegue a etapas posteriores.
Lo que sigue para las partes
Con la vinculación, Aguirre Rivero seguirá sujeto a proceso desde el Altiplano mientras transcurre el plazo fijado por el juzgador. La defensa puede promover recursos contra la resolución, y la fiscalía tendrá que sostener sus señalamientos con evidencia en las fases que siguen.
Para la sociedad y las familias de los estudiantes, el avance judicial no resuelve por sí mismo el caso, pero coloca bajo revisión judicial una nueva línea sobre el manejo de evidencias. La información disponible obliga a mantener claridad: la presunción de inocencia permanece vigente hasta que exista una sentencia firme.
Fuentes: El Sur de Acapulco y Récord.
