El Congreso de Chiapas envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que propone permitir a las policías estatales portar armamento y municiones que actualmente son de uso exclusivo de las fuerzas armadas, bajo un esquema de control institucional y sólo en “territorios complejos” dominados por el crimen organizado.
Durante la presentación de la propuesta, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, señaló que la intención es reducir la “asimetría de armamento” entre las corporaciones civiles y las bandas delictivas, que hoy cuentan con mayor poder de fuego.
Anunció que la iniciativa será turnada a la Comisión de Defensa para su análisis y que se abrirá una consulta pública en la que participarán gobernadores del país.
Monreal reconoció que históricamente el Ejército se ha opuesto a que policías locales utilicen este tipo de armamento, pero consideró necesario abrir el debate ante los niveles de violencia que enfrentan varios estados. Sostuvo que el objetivo es fortalecer las capacidades civiles y, al mismo tiempo, disminuir la dependencia de la intervención militar en tareas de seguridad pública.
La reforma plantea modificar el artículo 8 Bis para facultar a la Secretaría de la Defensa Nacional a autorizar, previa justificación, permisos de adquisición y portación de armas de uso exclusivo a instituciones de seguridad pública.
También propone sustituir el Certificado Único Policial por un certificado individual vigente del elemento operativo y establecer que, una vez cumplido el objetivo para el cual se autorizó el armamento, éste sea transferido a la Defensa o quede bajo resguardo militar.
Asimismo, se modificaría el artículo 11 Bis para mantener la prohibición a particulares de poseer armas, municiones y vehículos blindados adaptados para armamento, con la única excepción de los casos autorizados conforme al nuevo esquema.
En el artículo 29 se incluiría la posibilidad de otorgar licencias oficiales colectivas para policías y personal de procuración de justicia que justifiquen el uso de armamento de mayor potencia, gestionadas por las secretarías de seguridad estatales.
De acuerdo con Monreal, el uso de este armamento estaría sujeto a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos establecidos en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, además de una supervisión permanente por parte del Estado.
Chiapas es el primer estado en presentar formalmente esta propuesta, aunque legisladores anticiparon que otros gobernadores podrían respaldarla ante condiciones similares de violencia en sus territorios.
