La obra de la 17 Poniente-Oriente de Tapachula acumula siete meses de ejecución y registra apenas 50 por ciento de avance, pese a que el plazo planteado para terminarla era de cuatro meses. El desfase ha derivado en una exigencia para que la constructora responsable sea sancionada por el incumplimiento del calendario.
El dato central coloca al proyecto tres meses después del tiempo previsto sin que los trabajos hayan cruzado más allá de la mitad. La comparación entre el plazo original, el tiempo transcurrido y el porcentaje ejecutado muestra que la intervención no se encuentra en una etapa cercana a su terminación, aun cuando el periodo contratado ya quedó rebasado.
Cuatro meses eran el plazo previsto para concluir
La programación establecía una duración de cuatro meses. Ese límite servía como referencia para medir la entrega completa de la obra en la vialidad de Tapachula. Al agotarse ese periodo, la construcción debía encontrarse terminada; sin embargo, la ejecución continuó durante tres meses adicionales y el reporte disponible la ubica en 50 por ciento.
El retraso equivale ya a tres cuartas partes del plazo originalmente previsto. Es decir, después de consumir todo el calendario de cuatro meses, la empresa utilizó otros tres sin alcanzar la terminación. La diferencia temporal es parte de la inconformidad que dio origen al reclamo de una medida contra la constructora.
Siete meses transcurridos y la mitad de la obra pendiente
El avance reportado también permite observar el tamaño de la parte inconclusa. Si el proyecto se encuentra en 50 por ciento, todavía falta ejecutar la otra mitad. La situación reúne dos elementos distintos: un calendario excedido y un volumen considerable de trabajo aún por completar. Ambos aparecen unidos en el señalamiento sobre la 17 Poniente-Oriente.
La obra no presenta un atraso menor respecto de una entrega prácticamente terminada. El balance disponible indica que una de cada dos partes del proyecto sigue pendiente, después de siete meses de actividad. Esa proporción explica por qué la discusión pasó del seguimiento de los trabajos a la petición expresa de consecuencias para la empresa contratada.
La exigencia apunta a una sanción para la constructora
El reclamo planteado no se limita a pedir que continúen las labores. La demanda concreta es sancionar a la constructora por el atraso. El fundamento señalado es el contraste entre los cuatro meses acordados para completar la intervención y el resultado observado tres meses después de vencido ese periodo.
Una sanción supondría reconocer formalmente que el calendario no fue cumplido por la empresa a cargo. La petición se apoya en cifras verificables del propio desarrollo de la obra: siete meses transcurridos, 50 por ciento de avance y un plazo original de cuatro meses. No se ha informado en el material disponible que una sanción haya sido impuesta.
La 17 Poniente-Oriente permanece bajo intervención
El punto físico del conflicto es la 17 Poniente-Oriente de Tapachula, una vialidad que continúa intervenida mientras persiste la diferencia entre el programa inicial y la ejecución real. El porcentaje divulgado deja claro que los trabajos siguen abiertos y que la entrega completa no se produjo dentro del periodo establecido.
El atraso quedó documentado al llegar el séptimo mes. Para ese momento, la obra llevaba 75 por ciento más tiempo del contemplado originalmente y aún conservaba pendiente la mitad de su ejecución. La exigencia de sanción se mantiene ligada a esos tres indicadores, que concentran el estado actual del proyecto y el motivo del reclamo en Tapachula.
Fuentes: Diario del Sur
