Un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU alertó este 11 de agosto sobre un aumento en la frecuencia e intensidad de presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Myanmar, con especial preocupación por los ataques aéreos contra población civil.
El documento corresponde al octavo informe del Mecanismo Independiente de Investigación para Myanmar, creado por Naciones Unidas para reunir y preservar pruebas que puedan ser utilizadas en procesos de rendición de cuentas. La evaluación se concentra en los hechos documentados durante los últimos doce meses y describe un conflicto que sigue afectando a comunidades civiles en varias regiones del país.
La información divulgada por la agencia EFE señala que el mecanismo presentó sus conclusiones en Ginebra y mantendrá el intercambio de pruebas con instancias nacionales e internacionales que investigan los abusos cometidos en Myanmar.
El informe advierte mayor uso de bombardeos
De acuerdo con los investigadores, entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026 el ejército de Myanmar recurrió con mayor frecuencia a ataques desde el aire. El informe describe un patrón de operaciones que, según el mecanismo, alcanzó aldeas, escuelas, lugares de culto, instalaciones médicas y campos de personas desplazadas.
La alerta no se limita al número de incursiones. El documento sostiene que parte de los ataques se dirigió a infraestructura civil en zonas donde no se identificaron objetivos militares. También refiere que el uso de drones y paramotores ha complicado la detección temprana de las ofensivas para quienes viven en las zonas afectadas.
Comunidades civiles y asistencia bajo presión
El Mecanismo Independiente reportó un aumento de los bombardeos en meses previos a los comicios organizados por la junta militar entre diciembre y enero. Entre los datos incluidos destaca que se han registrado más de 600 ataques contra edificios religiosos desde 2021, además de afectaciones a centros de salud y otros espacios civiles.
En el estado de Rakáin, donde permanece una parte de la minoría rohinyá, los investigadores documentaron ataques indiscriminados con artillería y obstáculos para el ingreso de ayuda humanitaria. El informe también señala abusos atribuidos al Ejército Arakán, grupo armado opuesto a la junta, incluidos casos de violencia sexual y reclutamiento forzado de menores.
Pruebas para procesos de rendición de cuentas
La oficina de la ONU explicó que su labor no sustituye a los tribunales: organiza evidencia y análisis para que las autoridades competentes puedan determinar responsabilidades. En esta ocasión, el mecanismo utilizó más de 1,600 fuentes, entre ellas alrededor de 750 testimonios, fotografías, videos, audios, mapas e imágenes geoespaciales.
El material ha sido compartido con organismos que trabajan en distintos expedientes, incluida la Corte Penal Internacional, así como con autoridades argentinas que abrieron una causa bajo jurisdicción universal y con procedimientos relacionados con la Corte Internacional de Justicia.
Una crisis que sigue sin una salida política
Myanmar vive un conflicto prolongado desde el golpe de Estado de febrero de 2021. El informe recuerda que aproximadamente 30,870 personas han sido detenidas por las fuerzas de seguridad desde entonces; de ese total, 22,130 seguían privadas de la libertad, incluidos 639 menores de edad, según los datos citados por el mecanismo.
La nueva evaluación vuelve a colocar la protección de civiles en el centro de la discusión internacional. Para las familias que permanecen en las zonas de combate, la continuidad de la documentación y el acceso humanitario son asuntos inmediatos, mientras los procesos para esclarecer responsabilidades avanzan en diferentes jurisdicciones.
Fuentes: Mecanismo Independiente de Investigación para Myanmar de la ONU, EFE y ABC Color.
