Un grupo de 297 familias de Teopisca pidió la intervención de las autoridades estatales para aclarar la situación jurídica del predio La Granja, donde el ayuntamiento ordenó suspender diversas construcciones.
Las personas afectadas aseguran que adquirieron los terrenos mediante contratos de compraventa celebrados con el Ejido Teopisca y que durante años han pagado impuesto predial y cuotas. Sin embargo, oficios emitidos por la Sindicatura Municipal abrieron una controversia sobre quién es el propietario legal del área.
Suspensiones de obra encendieron la inconformidad
De acuerdo con los habitantes, la incertidumbre comenzó cuando algunas familias que realizaban trabajos de construcción recibieron órdenes para detenerlos. Al solicitar una explicación, se les habría informado que el terreno no pertenece al ejido, sino al Gobierno del Estado.
La versión puso en duda las operaciones realizadas en años anteriores y generó temor entre quienes ya edificaron viviendas o destinaron sus ahorros a un lote. Los colonos sostienen que compraron de buena fe y que cuentan con documentos firmados y sellados por autoridades ejidales.
Familias citan un acuerdo municipal de 2019
Los inconformes recordaron que el Cabildo de Teopisca aprobó por unanimidad, durante una sesión extraordinaria celebrada el 30 de abril de 2019, la donación del predio La Granja al Ejido Teopisca. El acuerdo habría quedado asentado en el acta número 11/2019 de la administración municipal encabezada entonces por Abel Tovilla Carpio.
Las actuales autoridades ejidales, según el relato de los afectados, señalaron que no recibieron documentación que acreditara esa donación y que no pueden asumir responsabilidad por expedientes que no fueron entregados por dirigencias anteriores. Esta falta de continuidad documental se encuentra en el centro del conflicto.
Anuncian gestiones ante instancias agrarias
Las familias informaron que acudirán a las autoridades competentes, a instancias agrarias y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Su objetivo es obtener una revisión integral de los antecedentes, proteger la posesión de los predios y conocer si los contratos tienen respaldo legal suficiente.
En La Granja ya existen viviendas habitadas, además de un hotel y una casa de oración. Entre las personas que podrían resultar afectadas se encuentran madres solteras, viudas y familias que aseguran haber destinado recursos durante años para construir su patrimonio.
Piden diálogo para evitar un conflicto social
Los colonos solicitaron la intervención del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y pidieron establecer una mesa con autoridades municipales, estatales y agrarias. La prioridad, señalaron, es contar con certeza jurídica antes de que continúen las suspensiones o se adopten decisiones sobre el uso del terreno.
La controversia deberá resolverse mediante la revisión de actas de Cabildo, registros de propiedad, documentos ejidales, contratos y pagos realizados. Mientras no exista una determinación oficial, las afirmaciones de las partes permanecen sujetas a verificación y las familias esperan que el proceso se conduzca por la vía institucional.
Fuente: Diario de Chiapas.
