La Fiscalía General de la República informó el desmantelamiento de una red de contrabando de combustible considerada una de las mayores del país y vinculada con el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel.
Según el informe difundido por Uno TV y SinEmbargo, la fiscal Ernestina Godoy Ramos explicó que la investigación identificó una estructura que ingresaba combustible desde Estados Unidos mediante empresas, servicios portuarios y carrotanques de ferrocarril. La autoridad reportó órdenes de aprehensión contra 25 personas y varias detenciones ya cumplimentadas.
El caso fue presentado como un golpe al llamado huachicol fiscal, modalidad que implica evasión de impuestos y subdeclaración de hidrocarburos. La FGR señaló que una de las empresas investigadas está directamente relacionada con Ruffo Appel, detenido en Ensenada.
La operación usaba empresas y carrotanques de ferrocarril
De acuerdo con la FGR, el combustible provenía de refinerías de Texas y era distribuido en estados del norte y centro del país. La red habría utilizado puntos de descarga ilegales para evitar revisiones aduaneras y ocultar el volumen real de hidrocarburo ingresado.
Uno de los datos centrales es que los involucrados supuestamente declaraban solo el 10 por ciento de la capacidad de cada carrotanque. Mientras reportaban alrededor de 10 mil litros, las unidades podían transportar hasta 110 mil litros.
Daño a la hacienda pública y órdenes de aprehensión
Uno TV reportó que la Fiscalía estimó un posible daño de 106 millones 800 mil 821 pesos. SinEmbargo publicó que la autoridad también habló de un esquema de mayor alcance, con evasiones multimillonarias y 25 objetivos dentro de la investigación.
La diferencia en montos reportados subraya que el expediente puede incluir distintas fases o estimaciones. Lo confirmado por las fuentes consultadas es que la FGR presentó el caso como una investigación federal en curso, con órdenes de captura y aseguramientos ligados a la operación.
El caso pone bajo presión el combate al huachicol fiscal
El contrabando de combustible afecta ingresos públicos, competencia empresarial y trazabilidad del mercado energético. Por ello, la investigación será observada no solo por el perfil político de Ruffo Appel, sino por la capacidad del gobierno federal para probar la operación ante tribunales.
La Fiscalía deberá sostener los cargos con documentación aduanera, financiera y logística. Mientras tanto, el caso se coloca en la agenda nacional como uno de los expedientes más relevantes del año en materia de seguridad económica.
Fuentes: Uno TV, SinEmbargo y Fiscalía General de la República.
