5 de marzo de 2026

A un año del hallazgo del Rancho Izaguirre, FGR reporta 47 detenidos

A un año del hallazgo del Rancho Izaguirre, donde colectivos de madres buscadoras localizaron indicios masivos relacionados con personas desaparecidas, la Fiscalía General de la República (FGR) informó avances en la investigación y confirmó la detención de 47 personas presuntamente vinculadas con el predio.

La institución señaló que, desde que tuvo conocimiento del sitio, se desplegaron diversas indagatorias para esclarecer lo ocurrido en el rancho ubicado en Teuchitlán, Jalisco. De acuerdo con los resultados preliminares, el lugar era utilizado como un centro de adiestramiento del crimen organizado.

Según la FGR, en el sitio se realizaban prácticas de tiro, acondicionamiento físico y ejercicios tácticos, además de contar con una “casa táctica” utilizada para simulaciones operativas. También existen indicios de reclutamiento forzado, donde las personas eran despojadas de sus pertenencias y obligadas a integrarse a las actividades del grupo criminal.

Durante el procesamiento del predio se localizaron elementos balísticos, prendas de vestir y dos fragmentos de restos óseos, que actualmente son analizados en el Centro Federal Pericial Forense. Hasta ahora, uno de los restos permitió obtener un perfil genético masculino, aunque sin coincidencia en las bases de datos de personas desaparecidas.

La Fiscalía informó que el procesamiento del lugar presenta un avance del 64.44 por ciento. Asimismo, indicó que existen órdenes de aprehensión vigentes que continúan ejecutándose conforme avanzan las investigaciones, aunque no se han revelado los nombres de los detenidos ni su nivel de participación.

A pesar del informe oficial, colectivos de búsqueda sostienen que el Rancho Izaguirre también pudo haber sido utilizado como un sitio de exterminio, donde los cuerpos habrían sido incinerados o disueltos con sustancias químicas.

En ese contexto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 11/2026 dirigida a la Fiscalía de Jalisco y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, al señalar presuntas omisiones en la investigación estatal del predio.

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