Puebla y Chiapas ocupan el último lugar a nivel nacional en número de personas juzgadoras adscritas a los poderes judiciales estatales, con apenas 2.1 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La cifra se encuentra muy por debajo del promedio nacional, que es de 3.8 juzgadores por cada 100 mil habitantes. En contraste, estados como Campeche, Chihuahua, Nayarit y Zacatecas encabezan la lista con 10.2, 7.5, 7.2 y 7.1, respectivamente.
Las personas juzgadoras son responsables de dirigir los procesos judiciales, analizar pruebas y emitir sentencias conforme a la Constitución y las leyes. Su trabajo es clave para resolver conflictos entre particulares, sancionar delitos y garantizar el acceso a la justicia.
Cada 7 de marzo se conmemora en México el Día de las Personas Juzgadoras, una fecha que busca reconocer su labor y también visibilizar las carencias estructurales que existen en los tribunales del país.
En el caso de Puebla, el bajo número de juzgadores contrasta con la cantidad de asuntos que ingresan a los tribunales. Tan solo en 2024 se registraron 71 mil 191 expedientes en órganos jurisdiccionales de primera instancia del ámbito estatal.
Del total de casos, 48.9 por ciento correspondió a materia familiar, 38.3 por ciento a civil, 6.6 por ciento a penal —incluida la justicia para adolescentes— y 5.7 por ciento a laboral.
Esto significa que una planta reducida de juzgadores tuvo que atender decenas de miles de asuntos durante un solo año, en un contexto de creciente conflictividad familiar, civil y laboral.
A nivel nacional, al cierre de 2024 se contabilizaron mil 437 personas juzgadoras en tribunales federales y 5 mil 72 en tribunales y juzgados estatales. Esto implica que por cada persona juzgadora del ámbito federal había casi cuatro en el ámbito local por cada 100 mil habitantes.
Los datos también muestran una brecha de género dentro del Poder Judicial. La participación de las mujeres como juzgadoras fue menor a 45 por ciento tanto en el ámbito federal como en el estatal.
La presencia femenina es aún más baja en cargos de mayor jerarquía, como magistraturas y en la Suprema Corte, donde apenas una de cada cuatro personas juzgadoras en puestos de magistradas o ministras es mujer.
Durante 2024, los órganos jurisdiccionales de primera instancia en el país recibieron 2 millones 326 mil 793 expedientes. De ese total, 83.8 por ciento correspondió a materias civil, mercantil y familiar, mientras que 11 por ciento fue de materia penal.
