La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados se encamina a aprobar una reforma impulsada desde Chiapas para permitir que corporaciones estatales puedan portar armamento de uso exclusivo del Ejército, siempre que cuenten con autorización, capacitación y certificación de la Secretaría de la Defensa Nacional.
La propuesta, promovida por el gobernador Eduardo Ramírez y respaldada en San Lázaro por la presidenta de la comisión, Jessica Saiden Quiroz, plantea modificar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos con el argumento de fortalecer la capacidad de respuesta de las policías frente a grupos criminales con alto poder de fuego.
En el proyecto se advierte que en diversas regiones del país existe una “asimetría operativa”, ya que organizaciones delictivas utilizan armas de mayor alcance y potencia, lo que —según la iniciativa— coloca en desventaja a las corporaciones estatales ante emboscadas, ataques armados y agresiones directas contra autoridades y población civil.
La reforma establece que el acceso a este tipo de armamento sería excepcional y condicionado. Las corporaciones deberán presentar una solicitud formal en la que se especifique el objetivo, el territorio donde se emplearía, el plazo de autorización y el tipo de armas estrictamente necesarias, bajo criterios de necesidad y proporcionalidad.
Además, el personal al que se le asigne el armamento deberá contar con certificación vigente, y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá validar el cumplimiento de los objetivos que motivaron la petición. También se contemplan reglas de resguardo, control y trazabilidad bajo supervisión de la Defensa.
Una vez concluida la finalidad que justificó la autorización, las armas deberán quedar bajo resguardo militar o donarse conforme a los lineamientos establecidos, con el fin de mantener control institucional sobre su uso.
La diputada Saiden sostuvo que la iniciativa no busca ampliar de manera indiscriminada el acceso a armas de alto poder, sino establecer un esquema regulado que permita a las policías estatales enfrentar delitos de alto impacto en condiciones de mayor seguridad y coordinación con las Fuerzas Armadas.
