La Fiscalía General de la República imputó al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por el presunto desvío de cinco millones de pesos que originalmente estaban destinados a obras del sector salud en beneficio de niños y adultos mayores durante su administración.
Durante una audiencia que se prolongó por casi siete horas, el Ministerio Público sostuvo que Duarte encabezaba un esquema mediante el cual recursos federales asignados a distintas áreas de desarrollo eran redirigidos para el pago de salarios en la entidad. Según la acusación, se habrían mezclado fondos estatales y federales, lo que permitió el uso irregular del dinero y la obtención de beneficios indebidos.
El ex mandatario rechazó los señalamientos y calificó las pruebas presentadas por la FGR como “una bola de sandeces”. Además, aseguró que el Poder Judicial funciona como un instrumento político del Estado y afirmó que la intención de fondo es que no abandone la cárcel.
Durante la diligencia intervino en al menos cuatro ocasiones. Al momento de discutirse la medida cautelar, insistió en que el proceso tenía una motivación política.
El juez Gustavo Aquiles Villaseñor respondió que los juzgadores no actúan con criterios políticos y defendió la independencia judicial, para finalmente imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada mientras avanza el proceso en su contra.
