La masacre de Acteal vuelve a tocar las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta vez no para discutir responsabilidades penales, sino para revisar la deuda pendiente con cientos de indígenas tsotsiles que fueron obligados a huir de sus comunidades tras la violencia en los Altos de Chiapas.
Con siete votos a favor y dos en contra, el Pleno decidió atraer el amparo promovido por 308 integrantes de la organización Las Abejas, quienes acusan omisiones del Estado frente al desplazamiento forzado que padecieron después de los hechos del 22 de diciembre de 1997, cuando 45 indígenas fueron asesinados en Acteal, municipio de Chenalhó.
El máximo tribunal analizará si las autoridades de los tres niveles de gobierno han incumplido su obligación de prevenir, atender y reparar el desplazamiento forzado interno, así como el alcance que deben tener las sentencias de amparo en estos casos. La resolución podría fijar criterios sobre el derecho a permanecer en el propio territorio sin ser expulsado por la violencia y sobre qué implica una reparación integral real.
El asunto será turnado a una ministra o ministro que deberá elaborar el proyecto correspondiente, el cual será discutido por el Pleno en próximas sesiones.
En 2009, la Corte ya había intervenido en el caso al revisar los procesos penales por la masacre, decisión que derivó en la liberación de varias personas sentenciadas al acreditarse violaciones al debido proceso. Ahora, el foco se centra en las víctimas que sobrevivieron y en la respuesta que el Estado les ha dado casi tres décadas después.
