Luego de que el gobernador de Nuevo León Samuel García se negara a “ceder” la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a la Fiscalía General, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le concedió al Ejecutivo estatal un plazo de 15 días hábiles para publicar el decreto.
De acuerdo con una resolución emitida desde el pasado 15 de enero, la administración estatal deberá permitir la creación de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera, adscrita a la Fiscalía General, misma que reemplazará a la UIF, actualmente controlada por la Tesorería estatal.
“Plazo de 15 días hábiles a efecto de que publique el Decreto 196 en el Periódico Oficial del Estado, debiendo informar a esta Suprema Corte sobre el cumplimiento”, puede leerse en la resolución emitida por la Primera Sala.
De tal forma, el Gobierno de García Sepúlveda deberá publicar el decreto que oficialice el “cambio” a más tardar el miércoles 14 de febrero de 2024, exponiéndose a sanciones, mismas que incluyen una posible destitución del emecista, en caso de volver a negarse.
No es la primera vez que la SCJN se pronuncia sobre este asunto, toda vez que desde noviembre del año pasado se declaró fundada la controversia constitucional presentada por el Congreso de Nuevo León, en donde se denunció al Gobierno del Estado por no publicar dicha resolución a pesar de ser aprobada por la mayoría del Poder Legislativo desde junio de 2022.
La respuesta del Gobierno de Nuevo León no tardó en llegar.
A través de un comunicado, la administración de Samuel García acusó a las bancadas del PRI y el PAN en la entidad de haber buscado un “blindaje a su corrupción” a través de la creación del nuevo órgano fiscalizador, mismo que estaría adscrito a la Fiscalía General de Justicia, y por ende, a los intereses de ambos partidos.
“Es por ello que han estado ejecutando acciones que tiendan a quitar facultades al Ejecutivo, sobre todo aquellas que implique revisión de conductas que pudieran resultar ilegales”, afirmó el gobierno de Nuevo León.
En el texto, la administración estatal advierte que buscará impugnar la resolución debido a que el decreto implica una “invasión” del Legislativo a la autonomía del Poder Ejecutivo.
Con información de: Reporte Indigo
