19 de noviembre de 2026

Corte Internacional de Justicia responsabiliza a Myanmar por genocidio rohinyá

La CIJ declaró a Myanmar responsable de genocidio contra la población rohinyá y ordenó investigaciones, restitución e indemnizaciones.
Sesión de la Corte Internacional de Justicia en el caso Gambia contra Myanmar

La Corte Internacional de Justicia declaró este jueves a Myanmar responsable de genocidio contra la población rohinyá durante las operaciones militares de 2017 en el estado de Rakáin, al resolver en La Haya la demanda presentada por Gambia.

El tribunal, principal órgano judicial de Naciones Unidas, concluyó que fuerzas de seguridad y otros órganos estatales cometieron actos prohibidos por la Convención sobre el Genocidio. También determinó que Myanmar incumplió sus obligaciones de prevenir y castigar ese crimen. La sentencia es definitiva y vinculante para las partes, aunque su cumplimiento requerirá medidas concretas del Estado demandado.

La intención de destruir al grupo, elemento central del fallo

El presidente de la Corte, Yuji Iwasawa, expuso durante la lectura de la decisión las pruebas examinadas sobre las operaciones en el norte de Rakáin. El tribunal consideró acreditada la intención de destruir a una parte sustancial de la comunidad rohinyá, requisito jurídico decisivo para establecer genocidio y no solo la comisión de actos de violencia graves.

La resolución identifica conductas incluidas en el artículo II de la Convención: asesinatos de integrantes del grupo, daños físicos o mentales graves y medidas destinadas a impedir nacimientos. La Corte examinó testimonios de supervivientes e informes de investigaciones internacionales sobre asesinatos, violencia sexual, destrucción de aldeas y desplazamientos durante la campaña militar de 2017.

Desplazamiento masivo hacia Bangladés

Alrededor de 700 mil rohinyás huyeron del norte de Rakáin a Bangladés tras aquellas operaciones, de acuerdo con la información presentada por Naciones Unidas sobre la sentencia. El tribunal citó pruebas que respaldan una estimación de unas 10 mil personas asesinadas. También recibió información sobre la destrucción parcial o total de cerca de 400 aldeas en tres municipios del norte del estado.

Los jueces escucharon testimonios relacionados con las aldeas de Min Gyi, Chut Pyin y Maung Nu. La descripción judicial de los hechos incluye incendios, demoliciones y posteriores despejes de terrenos. Esos elementos fueron evaluados en conjunto para determinar tanto la naturaleza de los actos como la responsabilidad atribuible a órganos del Estado de Myanmar.

Investigaciones, retorno y reparación ordenados

La Corte ordenó a Myanmar detener cualquier violación en curso y adoptar legislación que dé pleno efecto a sus obligaciones bajo la Convención. También exigió investigar de manera efectiva a las personas sobre las que existan sospechas razonables de participación en los hechos y, cuando corresponda, procesarlas y sancionarlas.

La sentencia dispone garantías de no repetición, medidas de restitución para los rohinyás desplazados y condiciones para un retorno seguro, voluntario y digno, con reunificación familiar. Además, establece el deber de indemnizar a la comunidad y a sus integrantes por los daños causados. El monto y las modalidades de la reparación quedaron pendientes de una etapa posterior del procedimiento; Myanmar deberá informar a la Corte en un plazo de dos años sobre las medidas adoptadas.

Una demanda iniciada por Gambia en 2019

Gambia llevó el caso ante la Corte en noviembre de 2019. El fallo de este jueves cierra la discusión principal sobre la responsabilidad estatal en ese procedimiento, después de años de examen de documentos y testimonios. Se trata de la primera sentencia de este tribunal que declara a un Estado responsable por cometer genocidio, una distinción frente a decisiones anteriores sobre la obligación de prevenirlo.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, recibió la resolución como un reconocimiento a las víctimas y reiteró la necesidad de rendición de cuentas. El alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió su aplicación sin demora. La decisión judicial deja establecidas obligaciones de investigación, restitución e indemnización para Myanmar, mientras la etapa sobre el detalle de las reparaciones permanece abierta.

Fuentes: Noticias ONU.

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