Organizaciones del autotransporte de carga anunciaron este viernes un paro nacional por tiempo indefinido que comenzará el lunes 26 de octubre a las 8:00 horas, con suspensión de actividades y concentraciones de unidades en puntos logísticos y accesos a grandes ciudades para exigir mayor seguridad en carreteras, freno a las extorsiones y condiciones fiscales que permitan mantener la operación del sector.
La convocatoria reúne a agrupaciones como la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, la Federación Mexicana de Transportistas y la Organización Integradora de Derechos Convencionales. Sus representantes sostienen que los robos, el cobro de piso, las agresiones a operadores y el deterioro de tramos federales han elevado los costos y el riesgo de mover mercancías por el país.
Movilización sin cierre total de carreteras
El diseño anunciado contempla colocar camiones en el carril de extrema derecha y realizar protestas visibles, pero sin bloquear por completo las autopistas. La precisión es relevante porque algunas versiones iniciales hablaban de cierres generalizados. Las organizaciones señalaron que los puntos definitivos se acordarían este viernes en reuniones celebradas en Ciudad de México y Culiacán.
El presidente nacional de la Canacar, Augusto Ramos Melo, explicó que la suspensión de labores responde a la ausencia de una solución satisfactoria después de varias mesas de trabajo. El sector plantea que la movilización busca presionar por una respuesta formal, pero afirma que no pretende paralizar deliberadamente al país ni impedir el paso de automovilistas.
La convocatoria podría generar tránsito lento en corredores industriales, entradas metropolitanas y zonas de intercambio de carga. Por ello, las autoridades y las propias cámaras deberán comunicar con anticipación los sitios de concentración, los horarios y cualquier ajuste que permita mantener abiertos los servicios de emergencia y el traslado de personas.
Seguridad y extorsión encabezan las demandas
Los transportistas colocaron la violencia en ruta como su principal reclamo. Denuncian asaltos, robo de unidades y mercancías, amenazas contra conductores y extorsiones atribuidas tanto a grupos delictivos como, en algunos casos, a servidores públicos. También piden rehabilitar carreteras y homologar reglas para evitar costos regulatorios distintos entre entidades.
El sector demanda una estrategia que combine vigilancia, investigación de redes de robo, atención rápida a denuncias y condiciones seguras en paradores. Para las empresas, la protección no termina con recuperar un vehículo: incluye cuidar a los operadores y evitar que las pérdidas se reflejen en seguros, tiempos de entrega y precios finales.
La Secretaría de Gobernación informó que mantiene abiertos los canales institucionales y llamó a privilegiar el diálogo para evitar afectaciones a la ciudadanía y al traslado de mercancías. Esa postura abre una ventana de negociación durante el fin de semana, aunque la convocatoria se mantiene vigente mientras no exista un acuerdo que responda a los planteamientos del gremio.
El peso económico del autotransporte
La carga por carretera sostiene una parte esencial del abasto nacional y del comercio exterior. La Canacar calcula que el sector moviliza alrededor de 1.6 millones de toneladas y participa en aproximadamente 21 mil cruces fronterizos diarios entre México y Estados Unidos. De acuerdo con sus estimaciones, el intercambio asociado alcanza cerca de mil 800 millones de dólares al día.
Las cámaras advierten que una suspensión amplia podría comprometer operaciones por hasta 7 mil millones de pesos diarios. El impacto dependerá del nivel real de participación, de la duración del paro y de la capacidad de industrias y comercios para usar inventarios existentes. Alimentos perecederos, manufactura de exportación, combustibles y comercio minorista están entre las actividades más sensibles a retrasos prolongados.
Disputa por estímulos y costos operativos
Además de la seguridad, las agrupaciones cuestionan cambios previstos para 2027 en el estímulo fiscal ligado al uso de autopistas. La propuesta reduciría de 300 a 250 millones de pesos el límite anual de ingresos para acceder al beneficio, una modificación que, según los convocantes, dejaría fuera a más empresas en un momento de presión por combustible, peajes, mantenimiento y financiamiento de unidades.
La negociación deberá distinguir entre demandas inmediatas y cambios que requieren decisiones presupuestales o legislativas. Para el lunes, la prioridad operativa será impedir riesgos viales y garantizar información clara. En paralelo, el Gobierno federal y los representantes del autotransporte tendrán que convertir las mesas de trabajo en compromisos verificables, con plazos y responsables, si buscan desactivar una protesta de alcance nacional.
Fuentes: Grupo Animal, Excélsior y Secretaría de Gobernación.
