México cayó cuatro posiciones y se ubicó en el lugar 125 de 145 países en el Índice de Estado de derecho 2026, con una puntuación general de 0.39 y un retroceso anual de 2.7 por ciento.
El resultado coloca al país como el cuarto con mayor deterioro en la edición más reciente de la medición, que evalúa límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, apertura institucional, derechos fundamentales, orden, cumplimiento regulatorio y funcionamiento de la justicia civil y penal.
El país perdió cuatro lugares en un año
La posición de México pasó del sitio 121 al 125. La escala utilizada va de cero a uno, donde una cifra mayor representa un desempeño más sólido. La calificación de 0.39 confirma una tendencia descendente que el indicador registra desde 2019.
En el balance acumulado de los últimos cinco años, el retroceso llegó a 8.4 por ciento. El descenso no se explica por un solo componente, sino por una combinación de debilidades institucionales que afecta el control del poder, la transparencia, la protección de derechos y la capacidad de los sistemas de justicia para resolver conflictos y sancionar delitos.
Dentro del conjunto de 145 naciones examinadas, México quedó por encima de 20 países. Su ubicación muestra que la distancia frente a los mejores desempeños no depende únicamente de reformas legales, sino de la aplicación cotidiana de las normas y de la confianza que generan las instituciones.
Justicia civil y penal figuran entre los rezagos
La medición identifica problemas persistentes en acceso a la justicia, duración de los procedimientos, efectividad de las investigaciones y ausencia de corrupción. También considera la capacidad de las personas para hacer valer sus derechos sin enfrentar costos excesivos, demoras o barreras administrativas.
Los límites al poder y la independencia de las instituciones forman otro núcleo de la evaluación. El índice observa si existen contrapesos efectivos desde el Poder Legislativo, los tribunales, los órganos de fiscalización, la sociedad civil y los mecanismos de sanción a conductas indebidas.
El informe de 2026 coincide con el primer año de funciones de jueces, magistrados y ministros elegidos mediante voto popular. Organizaciones jurídicas internacionales habían advertido que el nuevo modelo debía proteger la independencia judicial y evitar que el origen electoral de los cargos trasladara presiones partidistas a las decisiones de los tribunales.
Orden y seguridad fue el único rubro con avance
México registró una mejora en el factor de orden y seguridad, particularmente en el componente asociado a la ausencia de conflicto civil. Sin embargo, el progreso fue insuficiente para compensar los descensos observados en los demás apartados y el rubro todavía acumula una caída de 5.7 por ciento en cinco años.
Este factor también contempla criminalidad y violencia, por lo que una variación favorable en uno de sus componentes no equivale a una solución general de los problemas de seguridad. El resultado debe leerse junto con la capacidad de las fiscalías, policías y tribunales para investigar y resolver los delitos.
La comparación internacional permite observar tendencias, pero no sustituye los diagnósticos nacionales o estatales. Su principal utilidad está en mostrar cómo se conectan seguridad, derechos, transparencia y justicia, áreas que con frecuencia se analizan por separado.
La evaluación abre una agenda institucional
El descenso a la posición 125 fija una referencia para medir los resultados de los cambios judiciales y de las políticas anticorrupción. Los próximos ejercicios permitirán conocer si el nuevo diseño de selección de juzgadores mejora la capacidad institucional o profundiza los riesgos señalados durante la reforma.
También pone atención sobre los sistemas de justicia civil y penal, donde la ciudadanía enfrenta de manera directa los efectos de expedientes demorados, investigaciones incompletas y dificultades para ejecutar resoluciones. El índice asigna valor tanto a las normas como a su cumplimiento efectivo.
El puntaje de 0.39 será el punto de comparación para la siguiente edición. Recuperar posiciones requerirá avances simultáneos en controles al poder, transparencia, derechos fundamentales y justicia, pues una mejora aislada en orden y seguridad no alcanzó para frenar el deterioro general de 2026.
Fuentes: World Justice Project, El Mercurio de Tamaulipas, LatinUS.
