El Gobierno de México fijó un plazo de 30 días naturales para que las plataformas digitales adapten sus sistemas y refuercen la protección de niñas, niños y adolescentes frente a contenidos violentos, acoso, explotación sexual y otros riesgos en internet. La medida forma parte del Decreto de entornos digitales seguros firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum y publicado este miércoles, con obligaciones que abarcan desde el diseño de los servicios hasta la colaboración con autoridades investigadoras.
Seguridad desde el diseño de las plataformas
El decreto establece que las empresas deberán impedir que las personas menores de edad accedan, sean expuestas o reciban recomendaciones algorítmicas de materiales que promuevan discursos de odio, extremismo violento, abuso y explotación sexual, suicidio, autolesiones, trastornos alimenticios, violencia escolar, acoso, ciberacoso, conductas ilícitas o contenido sexual explícito.
Para cumplir esa meta, las compañías tendrán que incorporar mecanismos de seguridad desde la configuración de sus productos. Entre los ajustes previstos están la clasificación por edades, la verificación de la edad de los usuarios, controles para madres, padres y tutores, y canales accesibles para denunciar cuentas o publicaciones de riesgo. También deberán localizar y retirar de inmediato contenidos que inciten o generen violencia.
El plazo comenzará a contar a partir de la entrada en vigor del instrumento. Las empresas tendrán que documentar los cambios técnicos realizados e informar formalmente sobre las acciones aplicadas, de manera que la autoridad pueda revisar si la respuesta cumple con los objetivos planteados.
Contacto permanente y preservación de evidencias
La estrategia no se limita al retiro de publicaciones. Las plataformas deberán mantener un punto de contacto disponible las 24 horas, los siete días de la semana, para responder a solicitudes de información de las autoridades competentes. Además, tendrán la obligación de conservar y entregar evidencia que sea relevante para una investigación.
Cuando identifiquen materiales que representen una amenaza contra la vida, las compañías tendrán que alertar de inmediato a las autoridades. Este componente busca acortar los tiempos de reacción ante situaciones graves y evitar que la eliminación de una cuenta o publicación provoque la pérdida de datos útiles para esclarecer hechos.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones dará seguimiento al cumplimiento. El Ejecutivo señaló que las plataformas solicitaron un mes para preparar sus sistemas, periodo que quedó incorporado como margen para implementar y acreditar los ajustes.
Acompañamiento psicológico y orientación escolar
Otro eje contempla fortalecer la atención psicológica mediante la Línea de la Vida, disponible en el número 800 911 2000. El decreto también incluye la difusión de la guía “El ABC de las emociones” en comunidades educativas, con contenidos orientados a la salud mental y al uso consciente de redes sociales.
La protección planteada combina herramientas tecnológicas, mecanismos de denuncia y apoyo para quienes enfrentan una situación de riesgo. El objetivo es que la prevención no dependa únicamente de la vigilancia familiar, sino que también forme parte de la arquitectura y operación cotidiana de cada servicio digital.
En las conversaciones previas con el Gobierno federal participaron representantes de Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei. La Consejería Jurídica informó que las compañías reconocieron la necesidad de adoptar medidas específicas para reducir la exposición de menores a entornos dañinos.
Primera etapa con posible legislación posterior
La consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde Luján, explicó que el decreto tiene carácter obligatorio y se apoya en el artículo 101 Bis 3 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Sin embargo, esta primera fase no incorpora sanciones directas contra las empresas.
La Consejería Jurídica deberá instalar una mesa de trabajo para coordinar propuestas de regulación adicional. El Gobierno evaluará los resultados de los ajustes y, si considera que son insuficientes, podrá impulsar una ley que establezca sanciones para las plataformas que incumplan.
La revisión al término de los 30 días será el primer indicador sobre la capacidad de las compañías para traducir las obligaciones en cambios verificables. El alcance dependerá de la efectividad de los filtros, la claridad de los controles de edad, la rapidez de los mecanismos de denuncia y la coordinación con las autoridades ante amenazas graves.
Fuentes: Revista Fortuna y El Sol de México.
