El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas renovó este miércoles 14 de octubre por un año el régimen de sanciones contra Haití, una medida que mantiene la congelación de activos, las prohibiciones de viaje y el embargo de armas para contener el poder de las pandillas y reducir el flujo de recursos que sostiene la violencia.
La resolución, presentada por Estados Unidos y Panamá, recibió 14 votos a favor y la abstención de Rusia. Junto con las restricciones, el órgano internacional extendió por trece meses el mandato del Grupo de Expertos encargado de investigar las redes que amenazan la paz y de supervisar el cumplimiento de las medidas.
Embargo de armas seguirá vigente en todo Haití
El régimen fue creado en octubre de 2022 para sancionar a personas y entidades vinculadas con acciones que desestabilizan al país. Un año después, el Consejo amplió el embargo de armas a todo el territorio haitiano, ante la expansión de grupos armados y la circulación de municiones fuera del control estatal.
La nueva resolución conserva excepciones para las fuerzas de seguridad que operan bajo el mando del Gobierno haitiano. Al mismo tiempo, exige a los Estados miembros aplicar el embargo con mayor rigor y evitar que armamento, piezas y municiones terminen en manos de las organizaciones criminales.
Panamá defendió el control del suministro como una herramienta indispensable para disminuir la capacidad de fuego de las pandillas. Sin embargo, su representación lamentó que no hubiera acuerdo para incorporar a nuevas personas a la lista de sancionados por su presunta contribución a la violencia.
Grupo de Expertos vigilará pérdidas y desvíos
El mecanismo de vigilancia tendrá que documentar operaciones financieras, rutas de armas y relaciones políticas o económicas que faciliten la actividad de los grupos armados. La ampliación de su mandato busca mantener una evaluación independiente sobre el efecto de las sanciones y los vacíos que permiten evadirlas.
La Fuerza de Supresión de Pandillas también deberá informar al Grupo de Expertos sobre cualquier desvío de armas o municiones, incluidos robos y pérdidas. Esa obligación pretende reforzar la trazabilidad del equipo utilizado en las operaciones de seguridad y prevenir que el material destinado a combatir a las bandas sea recuperado por ellas.
Rusia se abstuvo al considerar ineficaz el esquema actual y rechazó señalamientos de que su posición busque proteger a funcionarios corruptos. La diferencia impidió una decisión unánime, aunque no bloqueó la prórroga del régimen.
Violencia mantiene bajo presión a la población
La renovación ocurre mientras las pandillas conservan capacidad operativa y conexiones con redes políticas, económicas y de seguridad. Informes presentados ante Naciones Unidas señalan que más de 5 mil 700 personas han muerto o resultado heridas durante el año por la violencia de estos grupos.
Las bandas también son señaladas por más de 230 secuestros y por agresiones sexuales contra más de mil mujeres y niñas. El deterioro de la seguridad ha desplazado comunidades, limitado el acceso a servicios básicos y dificultado el trabajo de instituciones públicas y organizaciones humanitarias.
El Consejo había prorrogado el 29 de septiembre, por seis meses y hasta el 31 de marzo de 2027, el mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas. Esta estructura sustituyó a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad y tiene como tarea apoyar a las autoridades haitianas frente a los grupos armados.
Elecciones previstas para diciembre enfrentan riesgos
La crisis de seguridad también condiciona el calendario político. El Consejo Electoral Provisional fijó para el 13 de diciembre la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas, aplazadas en distintas ocasiones desde 2021. La posibilidad de instalar centros de votación y garantizar traslados seguros dependerá de las condiciones en las zonas controladas o disputadas por las bandas.
Haití no cuenta con un presidente elegido por voto popular desde el asesinato de Jovenel Moïse en julio de 2021. En ese escenario, las sanciones, la fuerza internacional y el proceso electoral forman parte de una misma apuesta por recuperar instituciones funcionales. El reto inmediato será convertir las restricciones acordadas en controles efectivos sobre armas, dinero y redes de apoyo, sin obstaculizar la asistencia que necesita la población.
Fuentes: Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ABC Color, HolaNews.
