El Congreso de Puebla inició su último año legislativo sin fecha para votar la reforma que permitiría a menores de edad modificar nombre y género en su acta de nacimiento, pese a que el asunto permanece pendiente desde la legislatura anterior y responde a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente del Legislativo, Pável Gaspar Ramírez, afirmó que la intención es aprobarla antes de que concluya la actual legislatura.
La propuesta modifica el artículo 875 Ter del Código Civil poblano. El primer periodo ordinario del tercer año comenzó el 15 de septiembre y concluirá el 15 de diciembre, lapso en el que la presidencia del Congreso considera posible llevar el dictamen al Pleno, aunque todavía no existe un calendario específico.
El dictamen sigue en la Comisión de Procuración de Justicia
La iniciativa se encuentra en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, presidida por el diputado Mauricio Céspedes Peregrina. El proyecto no ha completado la fase de dictaminación, requisito previo para que la Mesa Directiva pueda incorporarlo a una sesión y someterlo a discusión de las bancadas.
Gaspar Ramírez reconoció que el expediente fue recibido de la legislatura pasada. Señaló que la Corte dejó abierto el espacio jurídico para avanzar de manera inmediata, pero explicó que los grupos parlamentarios todavía construyen consensos. Su compromiso público fue evitar que el pendiente sea heredado a la próxima integración del Congreso.
La orden judicial exige adecuar el Código Civil
La Suprema Corte ordenó al Poder Legislativo de Puebla habilitar en la legislación civil el procedimiento para el reconocimiento de identidad de género de menores de edad. El cambio se concentra en documentos oficiales y en la rectificación de nombre y género en el acta de nacimiento, no en procedimientos médicos.
La obligación de legislar coloca al Congreso frente a un mandato judicial ya emitido. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Julio Huerta Gómez, describió el asunto como un tema álgido y expresó desacuerdo con que la Corte indique al Poder Legislativo el contenido de una reforma.
Un acuerdo previo no produjo la votación esperada
La diputada Delfina Pozos informó que dos meses antes la Junta de Gobierno y Coordinación Política había acordado avanzar con el proyecto. El dictamen no llegó al Pleno en ese plazo. Pozos atribuyó el retraso al funcionamiento interno del Congreso y pidió iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa por la omisión.
La legisladora también sostuvo que la mayoría oficialista evita asumir el costo político de la reforma. Su señalamiento se produjo después de que sectores conservadores, integrantes del PAN y representantes de la Iglesia católica manifestaran rechazo a la modificación legal. La discrepancia política permanece dentro y fuera del recinto, mientras el expediente continúa en comisión.
El nuevo periodo abre una ventana hasta diciembre
El calendario legislativo ofrece un primer tramo entre septiembre y diciembre para discutir el dictamen. Gaspar Ramírez no garantizó que la votación ocurra dentro de esos tres meses, pero reiteró que el asunto debe resolverse durante el último año de la legislatura. La falta de fecha mantiene sin definición cuándo iniciará la discusión formal.
La secuencia pendiente incluye la aprobación del dictamen en comisión, su incorporación al orden del día y la votación del Pleno. Al arrancar el periodo ordinario, la única definición pública fue que la reforma no será trasladada a la siguiente legislatura, sin día señalado para cumplir la resolución de la Suprema Corte.
Fuentes: Ambas Manos, Urbano Puebla
