El Gobierno federal agilizó más de veinte proyectos privados por alrededor de 3,750 millones de dólares durante 2026, principalmente en el sector eléctrico, como parte de una estrategia para elevar la inversión y dinamizar la economía mexicana.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha asumido una interlocución directa con empresas nacionales y extranjeras para acelerar decisiones pendientes, reducir obstáculos administrativos y atraer capital hacia sectores productivos. El giro ocurre mientras el país enfrenta un ritmo de crecimiento moderado y un margen fiscal limitado.
La inversión privada toma un papel central
La actividad económica creció 0.8 por ciento en 2025 y el pronóstico oficial para 2026 se ubica en un intervalo de 1 a 2 por ciento. Ante ese escenario, la administración federal busca que los proyectos privados complementen el gasto público y amplíen la capacidad productiva.
La gestión directa permitió destrabar una veintena de inversiones cuyo valor conjunto ronda los 3,750 millones de dólares. La mayoría corresponde a infraestructura eléctrica, un componente indispensable para nuevas plantas industriales, centros logísticos y desarrollos vinculados con la relocalización de cadenas de suministro.
El objetivo no se limita a captar anuncios. La estrategia requiere que los proyectos pasen a etapas de construcción, adquisición de equipo y contratación, pues esos desembolsos generan actividad inmediata y elevan la capacidad económica para los años siguientes.
Empresas de México y Estados Unidos revisan oportunidades
Sheinbaum se reunió esta semana con empresarios mexicanos y estadounidenses, además del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. La conversación incluyó oportunidades en semiconductores, trenes, servicios financieros y dispositivos médicos, así como la continuidad del intercambio comercial entre ambos países.
En el mismo contexto, Nestlé anunció una inversión de 2,000 millones de dólares a lo largo del sexenio. Los acercamientos individuales con compañías se han vuelto una pieza recurrente de la agenda económica de Palacio Nacional y apuntan a dar seguimiento a proyectos con necesidades específicas.
El Consejo Coordinador Empresarial consideró constructivo el diálogo y señaló que en la reunión también se abordaron el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, los aranceles y el libre comercio. La revisión del T-MEC será una prueba decisiva para la confianza empresarial, en especial por los gravámenes sectoriales que afectan al acero, el aluminio y los automóviles.
El Plan México fija una meta para 2030
La estrategia federal pretende atraer más de 5.6 billones de pesos en inversión mixta hacia 2030 mediante alrededor de mil proyectos. Energía, transporte, carreteras y aeropuertos forman parte de la cartera planteada para elevar la conectividad y atender cuellos de botella que frenan nuevas operaciones.
El Ejecutivo también prepara cambios legales para facilitar el uso de fondos de inversión y ampliar el acceso al crédito. La apuesta ocurre mientras el Gobierno busca reducir el déficit fiscal a 4.1 por ciento del producto interno bruto, condición que limita la posibilidad de sostener la recuperación exclusivamente con recursos públicos.
La inversión extranjera directa se acercó a 35,000 millones de dólares en el primer semestre del año y alcanzó un máximo histórico. Sin embargo, representa cerca de una quinta parte de la inversión total; el grueso de los recursos productivos aún proviene de empresas y capitales nacionales.
Los indicadores mejoran, pero persisten riesgos
La formación bruta de capital fijo aumentó 6 por ciento anual en julio, su mejor avance en dos años. La inversión privada creció 5.9 por ciento, por encima del 3.9 por ciento del mes anterior, y registró su expansión más elevada en 30 meses.
El dato ofrece una señal favorable, aunque todavía no confirma una recuperación sostenida. En 2025, la debilidad de la inversión pública contribuyó a que la inversión total cayera 6.3 por ciento, y las encuestas empresariales todavía muestran cautela ante desembolsos de gran escala.
La certidumbre jurídica, la disponibilidad de agua y la capacidad eléctrica serán factores determinantes para convertir los anuncios en proyectos concluidos. A esos desafíos se suman la política arancelaria de Estados Unidos, la negociación comercial de América del Norte y las dudas internas sobre el marco regulatorio.
La apertura del Gobierno al empresariado mejora las condiciones de interlocución, pero el resultado se medirá en inversión materializada, empleos y crecimiento. El cierre de 2026 ofrece señales más favorables que el inicio del año; sostenerlas dependerá de reglas estables y de la ejecución puntual de la cartera anunciada.
Fuentes: Consejo Coordinador Empresarial, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, INEGI, El País.
