La presidenta Claudia Sheinbaum enviará el próximo lunes al Senado una iniciativa para reformar el artículo 127 constitucional y poner un tope a las pensiones de ex funcionarios de alto nivel en entidades públicas, con el objetivo de terminar con lo que calificó como jubilaciones “onerosas” que llegan hasta un millón de pesos mensuales.
La propuesta plantea que las pensiones de ex mandos superiores no podrán exceder el 50 por ciento del salario de la persona titular del Ejecutivo federal, es decir, alrededor de 70 mil pesos mensuales. De aprobarse, el gobierno federal estima un ahorro cercano a cinco mil millones de pesos, recursos que serían destinados a programas sociales.
Sheinbaum subrayó que la reforma no aplicará de manera retroactiva y tampoco afectará a trabajadores con contratos colectivos ni a pensiones establecidas en condiciones generales de trabajo. Además, aclaró que no incluye a ministros. “El que gana un millón ahora ya lo ganó”, puntualizó, aunque señaló que esos montos deberán ajustarse una vez que entre en vigor la modificación.
De acuerdo con datos presentados por la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, en la extinta Luz y Fuerza del Centro existen más de 14 mil pensionados, con un costo anual superior a 28 mil millones de pesos. De ellos, más de nueve mil reciben entre 100 mil y un millón de pesos mensuales desde hace más de 16 años.
En Pemex, 544 personas jubiladas perciben pensiones mayores al salario de la Presidenta, lo que representa un gasto anual de mil 827 millones de pesos. En la CFE, más de dos mil 199 pensionados superan las percepciones netas del Ejecutivo federal, con un impacto de cuatro mil 496 millones de pesos al año.
También se identificaron casos en la banca de desarrollo. En Nafin, Banobras y Bancomext suman decenas de jubilados con pensiones que rebasan las percepciones presidenciales, con montos anuales que en conjunto superan los 98 millones de pesos.
La consejera jurídica de la Presidencia, Estela Damián, explicó que la iniciativa se basa en los principios de austeridad republicana, responsabilidad financiera y eliminación de privilegios. La mandataria insistió en que la reforma busca evitar que ex altos funcionarios continúen recibiendo durante décadas ingresos que superan por mucho el promedio nacional, financiados con recursos públicos.
