Brasil presentó este martes en la COP31 de Antalya, Turquía, una hoja de ruta para orientar a los países en la reducción del uso de petróleo, carbón y gas.
La propuesta busca traducir en medidas nacionales el compromiso aprobado en la cumbre climática de Dubái de 2023, cuando los gobiernos acordaron avanzar hacia una transición que los aleje de los combustibles fósiles. Aquel pacto fijó la dirección general, pero no estableció un calendario común ni un mecanismo detallado para aplicarlo. El nuevo planteamiento brasileño ofrece herramientas de diagnóstico y planificación sin convertirlas en obligaciones vinculantes.
Un índice mediría dependencia y capacidad de cambio
Entre los elementos presentados figura el Índice de Preparación de Belém. Su función es evaluar dos aspectos de cada país: cuánto depende su economía de los combustibles fósiles y qué capacidad tiene para sustituirlos por fuentes de energía más limpias. Esa combinación pretende evitar una receta única para economías con estructuras, recursos e ingresos muy diferentes.
Un país exportador de petróleo enfrenta el reto de reemplazar ingresos fiscales, divisas y empleos ligados a esa actividad. Uno importador debe construir alternativas para su abastecimiento y reducir su exposición a los combustibles que compra fuera. La hoja de ruta reconoce esas diferencias y plantea que los gobiernos identifiquen pasos compatibles con su situación, en lugar de adoptar la misma secuencia de medidas.
La transición incluye empleo y decisiones de inversión
El documento agrupa los desafíos en tres ámbitos: disminuir el consumo de combustibles fósiles, transformar la estructura económica y atender las consecuencias sociales y laborales del cambio. Ana Toni, directora ejecutiva de la presidencia brasileña de la COP30, explicó que el objetivo es convertir un problema amplio en soluciones prácticas para cada gobierno. El enfoque incluye políticas económicas e institucionales, además de decisiones puramente energéticas.
Toni sostuvo que construir nueva infraestructura vinculada a combustibles fósiles puede dejar activos que pierdan utilidad antes de completar su vida prevista. También pidió retirar subsidios que abaratan el uso de petróleo, carbón y gas. La propuesta no fija una fecha universal de abandono ni obliga a los países a suprimir de inmediato esos apoyos: señala decisiones que cada administración tendría que evaluar dentro de su propia transición.
Respaldo internacional en una negociación difícil
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, respaldó la iniciativa. Simon Stiell, secretario ejecutivo de la convención climática de la ONU, destacó su utilidad para llevar compromisos internacionales al terreno de las políticas nacionales. El exsecretario de Estado estadounidense John Kerry también apoyó el planteamiento, aunque advirtió que los planes resultarán insuficientes si sigue creciendo la inversión en petróleo y gas.
La presentación ocurrió mientras las negociaciones de la COP31 sobre combustibles fósiles encuentran resistencia de algunos países productores. Ese desacuerdo explica por qué el texto brasileño se plantea como una guía adaptable y no como una fecha obligatoria acordada por todas las partes. Su alcance inmediato es ofrecer criterios y herramientas para elaborar planes nacionales; cualquier cambio efectivo dependerá de las políticas que adopten los gobiernos.
El lanzamiento en Antalya pone sobre la mesa una forma de concretar el compromiso de Dubái sin suponer que todos los países parten del mismo punto. La ruta brasileña combina un diagnóstico de preparación con medidas económicas y sociales, y deja abierta la discusión sobre cómo incorporarlas a los acuerdos de la cumbre.
Fuentes: Deutsche Welle, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
