El Congreso salvadoreño dio luz verde a una reforma constitucional para imponer cadena perpetua a quienes sean declarados culpables de homicidio, violación y terrorismo, en medio de la dura ofensiva contra pandillas impulsada por el gobierno.
La modificación permitirá que los responsables de estos delitos permanezcan en prisión por más de 30 años, incluso en casos donde las condenas superen los 100 años, endureciendo aún más el sistema penal del país.
Antes de la votación, el presidente Nayib Bukele presionó públicamente al señalar que quedaría claro quiénes respaldan castigos más severos y quiénes defienden mantener las restricciones actuales en la Constitución.
La reforma se aprueba en un contexto polémico, luego de que abogados internacionales advirtieran posibles crímenes de lesa humanidad durante el estado de emergencia, señalando detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones y asesinatos.
