Productores agrícolas y organizaciones campesinas marcharon este miércoles en la Ciudad de México para denunciar la falta de respuesta del gobierno federal ante la crisis que enfrenta el campo mexicano y presentar una denuncia penal contra el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón.
Integrantes del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR), donde acusaron al funcionario de presunta traición a la patria por no aplicar medidas que, aseguran, protejan a los productores nacionales frente a las importaciones de granos básicos.
Los dirigentes señalaron que desde noviembre pasado sostuvieron mesas de trabajo con autoridades federales, pero acusaron que los acuerdos no se han cumplido y que sus demandas continúan sin ser atendidas.
Entre las principales exigencias se encuentra sacar del T-MEC productos como maíz, sorgo, frijol y trigo, al considerar que los precios internacionales han golpeado severamente al campo mexicano y provocado pérdidas económicas a miles de productores.
Eraclio Rodríguez, dirigente del FNRCM, acusó que el gobierno ha priorizado las exportaciones de productos como cerveza, tequila, aguacate y automóviles, mientras la producción agrícola nacional enfrenta una crisis cada vez más profunda.
Además de la denuncia penal, las organizaciones anunciaron que promoverán un juicio político contra Marcelo Ebrard ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, al señalar que no ha defendido la producción nacional ni frenado las importaciones que afectan a los campesinos.
Durante la movilización participaron más de 20 contingentes provenientes de distintos estados del país, quienes realizaron un paro nacional y marcharon por calles de la capital.
Los productores advirtieron que, si no existen acuerdos concretos con el gobierno de Claudia Sheinbaum, podrían convocar acciones más severas, incluido un posible boicot al Mundial de futbol de 2026, cuya inauguración está programada en México.
En la denuncia presentada ante la FGR, los campesinos sostienen que la Secretaría de Economía tiene la obligación legal de impulsar medidas compensatorias cuando existan prácticas comerciales que dañen al mercado nacional y afirman que no hacerlo pone en riesgo la economía, la soberanía y la producción del país.
