Dos servidores de la Iglesia adscritos a la Diócesis de Tuxtla fueron detenidos el pasado 22 de enero en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán y permanecieron cinco días sin que sus familias conocieran su paradero, lo que constituye una posible desaparición forzada, denunció el ministro provincial de la Arquidiócesis, Gabriel Romero Alamilla.
De acuerdo con una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, Orbey Juárez Juárez fue detenido alrededor de las 14:00 horas cuando se dirigía a realizar un trabajo de electricidad en la colonia El Estoraque. Según el documento, fue interceptado con violencia por elementos encapuchados y armados del grupo Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP).
Ese mismo día también fue detenido José Julián López Juárez, a quien se le acusa de homicidio calificado. Durante cinco días, las autoridades negaron información sobre el paradero de ambos, mientras eran trasladados fuera de su municipio, lo que derivó en un periodo de incomunicación total con sus familiares.
Fue hasta el 27 de enero cuando los dos hombres aparecieron en el penal de San Cristóbal de Las Casas. La Arquidiócesis sostiene que el proceso ha estado marcado por irregularidades, arbitrariedad e incluso tortura.
A ambos se les acusa de haber participado en dos homicidios ocurridos el 21 y 22 de enero en Pueblo Nuevo Solistahuacán. Sin embargo, la Iglesia señala que Orbey Juárez no se encontraba en el municipio el 21 de enero, ya que viajaba rumbo a San Juan Chamula, versión que —afirma— está respaldada por testimonios, entre ellos el de su esposa y de sacerdotes de la región.
El documento también acusa a la Fiscalía de inconsistencias en sus versiones. El 31 de enero se informó sobre la vinculación a proceso de personas por un homicidio ocurrido el 12 de enero en Tila, mencionando nombres que no correspondían a los detenidos. Posteriormente, el 3 de febrero, se cambió la versión oficial y se les atribuyeron dos homicidios distintos en Pueblo Nuevo, ocurridos los días 21 y 22 de enero.
Para la Arquidiócesis, estas contradicciones evidencian falta de sustento en las acusaciones y una posible fabricación de culpables para justificar las detenciones.
Orbey Juárez, de 39 años, es agricultor y electricista, y desde 2025 colaboraba en la capilla de La Esperanza bajo la supervisión del fray David Pool Paredes. José Julián se desempeña como ministro extraordinario de la comunión. La Iglesia señala que la situación se agrava debido a que Orbey padece una lesión vertebral.
Integrantes de la Orden Franciscana en los municipios de Pueblo Nuevo, Rayón y Tapilula manifestaron su preocupación y rechazaron la criminalización de quienes prestan servicio religioso en las comunidades.
Por su parte, el Grupo de Litigantes para la Protección y Defensa de los Derechos Humanos solicitó una revisión inmediata, exhaustiva e imparcial del proceso penal, así como la libertad de ambos detenidos, al considerar que existen violaciones graves al debido proceso y a sus derechos fundamentales.
