Seis familias desplazadas forzadamente hace cuatro años de la comunidad de Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, se manifestaron este martes frente a la sede del Poder Ejecutivo estatal, en Tuxtla Gutiérrez, para exigir ayuda humanitaria, justicia y reubicación, informó su representante, Bersaín Velasco Aguilar.
Detalló que las 34 personas que huyeron de su comunidad en 2021, así como ocho menores nacidos posteriormente en San Cristóbal de Las Casas, viven actualmente en ocho viviendas rentadas. Señaló que las autoridades estatales únicamente cubren una parte del alquiler de cinco casas, además de que las despensas entregadas son incompletas e insuficientes.
Velasco Aguilar explicó que no existen condiciones de seguridad para su retorno, ya que continúan recibiendo amenazas, por lo que demandan su reubicación territorial definitiva. Asimismo, exigió la liberación de su padre, Bersaín Aguilar García, defensor de derechos humanos, quien permanece recluido en el penal de San Cristóbal de Las Casas desde el 10 de enero de 2022 —tras haber estado inicialmente en Ocosingo—, acusado de homicidio, homicidio calificado y robo.
En entrevista telefónica, recordó que las familias salieron de Nueva Palestina, ubicada en la Selva Lacandona, el 16 de diciembre de 2021, luego de ser atacadas por hombres armados, quienes además incendiaron y destruyeron sus viviendas.
“Huimos para salvar la vida. A algunos nos fabricaron delitos, como a mi papá, que es defensor de derechos humanos, y también se llevaron a un familiar, Fredy Gómez Sántiz, quien permanece desaparecido, aunque tenemos conocimiento de que fue torturado y asesinado”, denunció.
Relató que durante el ataque murió un policía municipal, quien presuntamente intentó decapitarlo con un machete.
“Me causó una herida en el brazo derecho cuando intenté detener el primer machetazo. En el segundo intento, por órdenes de uno de los líderes criminales, Fredy le disparó y lo mató”, explicó.
Finalmente, sostuvo que los ataques fueron perpetrados por líderes de grupos criminales en complicidad con autoridades comunitarias, como represalia por la labor de su padre, quien en esos días defendía a jóvenes acusados de robo que pretendían ser linchados y quemados vivos.
