Familiares de personas desaparecidas y víctimas de feminicidio mantienen una protesta frente a la Fiscalía General del Estado en Tuxtla Gutiérrez. Reclaman respuestas a sus expedientes y atención directa de las autoridades, mientras dos mujeres de La Trinitaria denuncian presuntos abusos relacionados con un conflicto agrario.
De Comitán al plantón frente a la Fiscalía
La movilización, difundida este miércoles 4 de noviembre, cumple seis días frente al edificio de la Fiscalía. Las manifestantes sostienen un bloqueo en el exterior y, durante la jornada del martes, dos participantes se encadenaron a la entrada para hacer visibles sus demandas. Los señalamientos contra autoridades y particulares son acusaciones de las propias mujeres; no hay una resolución judicial citada que los dé por acreditados.
Adriana Gómez Martínez, madre de una adolescente de 13 años hallada sin vida en enero de 2020 dentro de las instalaciones del Instituto del Deporte de Chiapas, explicó que el ciclo actual de manifestaciones comenzó hace unos quince días en Comitán de Domínguez. El grupo trasladó después su exigencia a la capital estatal, con la intención de obtener una respuesta de la Fiscalía. Gómez Martínez sostiene que, casi siete años después de la muerte de su hija, no ha recibido una solución satisfactoria.
Dos mujeres de La Trinitaria se encadenan
La protesta sumó el martes a dos mujeres procedentes de La Trinitaria. Ambas se encadenaron en el acceso al inmueble para denunciar presuntos abusos de autoridades locales en un asunto agrario. Una de ellas, Irma Vázquez Pérez, acompañó a Gómez Martínez durante la manifestación. Su presencia amplió el reclamo concentrado frente a la Fiscalía, aunque cada expediente conserva hechos y procedimientos distintos.
Las participantes afirmaron que compañeras suyas habían sido encarceladas y denunciaron intentos de extorsión vinculados con sus gestiones. Esas acusaciones requieren investigación y respuesta institucional; la información disponible no identifica una determinación oficial sobre ellas. El plantón es una forma de presión para que las autoridades revisen las denuncias y expliquen el estado de las investigaciones que motivaron la movilización.
La Fiscalía ofrece mesas de diálogo
El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, declaró que se han ofrecido dos mesas de diálogo a las manifestantes. Según su versión, las invitaciones no han sido aceptadas. También sostuvo que se respetará el derecho a la protesta y que no habrá desalojo ni agresión contra quienes permanecen en el lugar. La postura del fiscal y la de las familias muestran que todavía no se ha alcanzado un acuerdo para levantar el plantón.
La diferencia entre ofrecer una reunión y resolver las demandas es uno de los puntos visibles del conflicto. Las familias piden respuestas sobre hechos concretos, mientras la autoridad ha informado de propuestas de conversación. El bloqueo continuaba frente a la sede fiscal al difundirse la situación este miércoles, sin que se anunciara una fecha de conclusión ni una resolución pública de los expedientes reclamados.
Expedientes distintos bajo una misma exigencia
La movilización reúne historias de desaparición, muerte violenta y presuntos abusos en un conflicto agrario. Esa diversidad explica por qué las participantes insisten en una atención individual a cada caso, además de una interlocución con la Fiscalía. El tiempo transcurrido desde la muerte de la hija de Gómez Martínez y la permanencia del plantón describen el alcance de su inconformidad.
En el exterior del edificio, las mujeres sostienen la protesta mientras esperan una respuesta a sus peticiones. La Fiscalía, por su parte, mantiene públicamente su ofrecimiento de diálogo y su compromiso de no desalojarlas. Ninguna de esas declaraciones equivale a una conclusión sobre las denuncias que dieron origen a la manifestación.
Fuentes: El Congresista, Pulso Diario de San Luis.
