Diputados avalan matrimonio igualitario y derecho a la autonomía reproductiva


La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó reformar 29 artículos de la Constitución, entre los que se reconoce el matrimonio igualitario y el derecho a la “autonomía reproductiva”; también amplía los requisitos para ser diputado, senador, ministro de la Corte y Fiscal General de la República, obligando a que no tengan sentencias firmes por violencia familiar y no sean deudores de pensión alimentaria.

Con 27 votos a favor, cuatro en contra y cuatro abstenciones conjunta 48 iniciativas en materia de igualdad sustantiva y de género.

El PAN y el PES  expresaron su rechazo pues el derecho a la “autonomía reproductiva”.

Y es que con esa modificación se garantiza el derecho de toda persona “a decidir de manera libre, responsable, informada y segura, sobre tener hijas e hijos o no, con quién y el número e intervalo entre éstos”.

Asimismo, el artículo 4 fue reformado para dejar inscrito en la carta magna que “toda persona es igual ante la ley. Ésta protegerá y garantizará en igualdad de derechos la organización y el desarrollo de todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar, incluyendo a las integradas por parejas del mismo sexo, con o sin hijas e hijos, que estén bajo la figura de matrimonio, concubinato o alguna otra unión civil”.

En materia de candidatos, se establece la obligación constitucional de los partidos políticos en postular candidatos bajo el principio de paridad de género, así como que “no hayan sido condenados mediante sentencia firme por violencia familiar o doméstica, delitos del orden sexual, violencia política en razón de género contra las mujeres y no estar registrado como deudor de pensión alimentaria”.

En el Poder Legilativo se introduce que “La integración final de la Cámara garantizará el principio de paridad entre los géneros”; y, además, se establece que uno de los requisitos para ser diputado y senador el aspirante “no haber sido condenado mediante sentencia firme por violencia familiar o doméstica, delitos del orden sexual, violencia política en razón de género contra las mujeres, ni estar registrado como deudor de pensión alimentaria”.

Se establece que debe “observarse la paridad de género” en todos los nombramientos de embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, y a los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica.

En el caso de los nombramientos de ministros de la Suprema Corte, el candidato debe cumplir con el requisito de no haber sido condenado por “violencia familiar o doméstica, o si se encuentra registrado como deudor de pensión alimentaria”.

Para ser Fiscal General de la República también se debe cumplir el requisito de “no haber sido condenado por delito que amerite prisión preventiva oficiosa, o violencia familiar o doméstica, o si se encuentra registrado como deudor de pensión alimentaria”.

La elección de los gobernadores de los Estados y de las Legislaturas Locales será directa y en los términos que dispongan las leyes electorales respectivas. Para garantizar el cumplimiento de lo previsto en la base I del artículo 41 de esta Constitución, en las candidaturas a gubernaturas los partidos políticos nacionales deberán postular a una mujer en al menos la mitad de las entidades federativas en las que se renueve el Poder Ejecutivo en un mismo año.

Entre otros cambios, se agrega en la Carta Magna que queda prohibida toda discriminación por identidad y la expresión género, y por orientaciones sexuales; y que la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa siempre que no reproduzca estereotipos de género que denigren la imagen de las personas.

Obliga a las universidades e instituciones de educación superior con autonomía por ley que integren consejos universitarios con paridad de género; y que el Estado lleve la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral, sustentable “y con perspectiva de género”; también garantiza la igualdad salarial.

“Para trabajo igual debe corresponder salario igual, por lo que en términos del párrafo quinto del artículo 1o de esta Constitución, queda prohibido hacer diferencia salarial alguna que atente, directa o indirectamente, contra la dignidad humana”, señala el cambio al artículo 123.

La reforma, que requiere la aprobación de dos terceras partes de los presentes en la sesión. fue enviada a la Mesa Directiva para que se programe su discusión en el Pleno.

“Este dictamen constituye la culminación de muchas luchas y grandes esfuerzos. Habrá quienes se pronuncien en contra, en algunos puntos en particular, sin embargo nadie podrá negar que a partir de este momento las personas en nuestro país gozarán de mayores libertades”, señaló la perredista Verónica Juárez. 

 

 

 

 






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