Perspectivas 21.04.15


El fracaso del gobierno de Enrique Peña Nieto en el terreno de la seguridad parece obvio. Las promesas sobre los resultados en el primer año de gobierno se han perdido en la nada. Las capturas de jefes del narcotráfico poco han aportado como no sea efecto mediático. Y la credibilidad del régimen sigue a la baja. Y la confianza ciudadana se pierde en la indiferencia.

La situación empeora cuando desde Washington, el Departamento de Estado lanza una alerta de seguridad a sus ciudadanos, con el señalamiento de que en 20 estado de la República, las condiciones de seguridad son totalmente endebles.

Y ahora, un reportaje de Laura Castellanos, coloca al gobierno de nueva cuenta, contra la pared. Todo lo que se ha dicho sobre la masacre en Apatzingán podría no sólo no ser cierto, sino que podríamos tener en las manos, una ejecución colectiva realizada por las fuerzas de seguridad del estado.

Como se sabe, en enero pasado, en el Día de Reyes, se realizó un “desalojo” en el centro de Apatzingán. Un grupo de autodefensas se había reunido para protestar por la forma en la que Alfredo Castillo quería darlos de baja, sin protección de ninguna clase.

La versión oficial, impulsada por el propio Castillo, fue que en el intercambio de acciones, los grupos de autodefensas dispararon contra la policía y en el fuego cruzado, habían matado a un par de decenas de civiles.

Presentaron fotografías y lanzaron explicaciones virtuales sobre la forma en que según la autoridad, se habían registrado los hechos.

Ahora sin embargo, las cosas parecen no corresponderse con esa versión. Hay una larga lista de testigos que explican como las policías y el ejército masacraron a los manifestantes. Y como dispararon contra estos grupos que intentaban defenderse con palos y piedras.

La situación es tan complicada, que se ha reconocido que la autoridad recibió un video de “manera anónima” en el que se ven muchos de los eventos en la forma en que ocurrieron, que obliga a una investigación sobre un posible abuso de la fuerza por parte de las autoridades involucradas.

Esta situación se tendrá que sumar a los hechos en Tlatlaya, en donde el ejército asesinó a 22 supuestos delincuentes y en donde se intentó cubrir los hechos bajo el manto de un enfrentamiento entre los militares y los delincuentes. Incluso el gobernador del Estado de México Eruviel Avila, felicitó a las fuerzas armadas por su actuación, a sabiendas de que había irregularidades enormes en los sucesos.

Del mismo modo, surge de nueva cuenta, el tema de Iguala, en donde por más “verdades históricas” que se presentan, las cosas no acaban de quedar debidamente aclaradas.

Habrá igualmente, que recordar que el papel de Alfredo Castillo como comisionado especial en Michoacán, fue siempre cuestionado, tanto como su decisión de legalizar primero, a las autodefensas, para después atacarlas por todos los medios.

Castillo, no puede olvidarse, es el mismo que “resolvió” el caso de la niña Paulette Gebara, el cual Alberto Bazbaz primer procurador en el asunto, no pudo solucionar. Castillo le relevó en la Procuraduría del Estado de México, encontró el cadáver de la menor al pie de su cama, en un sitio en el que habían circulado todo tipo de personas, y declaró que la muerte había sido resultado de un accidente.

Ahora, Apatzingán pone de nueva cuenta al gobierno contra las cuerdas. La versión oficial se viene por tierra. La credibilidad del régimen se pierde irremediablemente y la confianza ciudadana simplemente desaparece.

Y en tanto, Alfredo Castillo con un nuevo caso “resuelto” estrena cargo como titular de la CONADE y deja al gobierno de Enrique Peña Nieto el pago de todas las facturas provocadas por los hechos de Apatzingán que, aclarados o no debidamente, serán una nueva losa en las espaldas del grupo en el poder.


Autor: Norberto de Aquino

Especialista en política nacional con amplia experiencia profesional en áreas de publicación y asesorías a nivel presidencial. Vasto conocimiento de relacio...






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