Candidatas(os) jóvenes… ¿sí?, ¿por qué?


Actualmente, en medio del ‘furor’ de la campaña electoral en 2015, leo muchas voces y opiniones sobre la propuesta política que los distintos partidos (y candidatos independientes) lanzan para los diversos cargos de elección popular; particularmente, me llaman la atención aquellos comentarios especialmente críticos de la proposición de candidatas(os) jóvenes para el Legislativo (federal o local). ¿Deberíamos en México apoyar las candidaturas de jóvenes aspirantes a fungir como legisladores? Mi respuesta abrupta es un rotundo SÍ. 

Se dice mucho: si los candidatos son cada vez más jóvenes, que no cuentan con la experiencia suficiente para gobernar, que aún no salen de la pubertad y ya quieren ser candidatos… Bueno, hay casos en los que ¡hasta doctorado piden como requisito para llegar a ser diputada(o)! ¿Necesitamos candidatos más preparados? Sí. ¿Un título de licenciatura o de ‘doctorado’ lo garantizan? Realmente, no.

Estamos tan cansados de la clase política que es común rechazarla, criticarla, desvincularse o proponer nuevos lineamientos que garanticen su eficiencia y buen desempeño. Es una acción loable la de estar inconforme o indignarse frente a actos de corrupción, ineficiencia, negligencia, abuso de poder, colusión con el crimen organizado, “moches”, coacción del voto, etc., y lo es más el buscar cambiar ese contexto (no absoluto). Yo también estoy cansada de muchas cosas que no me parecen de nuestros políticos y representantes; por ello me gustaría participar, involucrarme y proponer. Sí, soy joven y actualmente estoy contendiendo por una candidatura de representación proporcional para una diputación federal, pero no creo que mi edad deba ser una limitante para ello. De igual forma, tampoco creo que el desentenderse de lo político sea una solución o dejar de enterarse de lo que nos afecta y ocurre alrededor nuestro.

Así bien, frente a esta cuestión, lanzo y respondo las siguientes preguntas: ¿Por qué estoy en contra de buscar prohibir a las y los jóvenes de participar en una contienda a por un cargo público? ¿Y por qué estoy en contra de exigir, como mínimo, un título universitario (p.ej.: licenciatura, maestría o doctorado) para ser diputada(o)?

Primero: Porque un título es garantía insuficiente de eficiencia legislativa o de buena gobernanza.

Me resulta bastante ingenuo pensar que un título universitario, por sí mismo, garantizaría que el poseedor va a ser un servidor público responsable, eficiente o que este no será corrupto y que siempre presentaría una conducta intachable, desempeñándose  con altos estándares morales. Si bien la universidad es (en un deber ser), un crisol de valores que buscan formar buenos ciudadanos y profesionistas de excelencia, la realidad es que ningún grado académico hace infalible al ser humano, pues esto es una cuestión personal. Son muchos los casos de políticos que, con licenciatura o maestría, se dejan corromper en aras de mayor poder, así como varios los casos de políticos que, sin haber tenido una licenciatura, han sido dignos representantes de sus comunidades y personas honestas que no buscaron enriquecerse a costa del erario. En sí, resulta inverosímil pensar o creer que porque uno es egresado de “x” universidad, cuenta con las cartas credenciales para hacer bien su función, en favor de la sociedad. Para empezar, analicemos, ¿es posible evaluar dónde y cómo se obtuvieron esos títulos universitarios en cada caso? ¿Quién sería el encargado de revisar ello? ¿Deberíamos llamar al banquillo a sus profesores (si aún viven) para que, bajo protesta de decir verdad, nos garanticen si, a su juicio y por su desempeño cuando estudiantes, tienen la habilidad y capacidad de ejercer un cargo como al que aspiran? Y en ese caso, ¿podríamos confiar en la palabra de sus profesores? Las preguntas parecen ridículas, pero son las que ameritan una propuesta de tal magnitud para evaluar su plausibilidad y viabilidad.

Por otro lado, leyendo sobre el tema me he encontrado con personas que defienden esta premisa sólo porque quisieran evitar que existan legisladores que no saben leer y escribir. Y, de igual forma, con otros que creen que porque al exigir un título universitario se garantizarían ciertos conocimientos específicos en las materias que se abordan en la labor legislativa.

Para los anteriores, creo que penoso sería esperar que aprendieran a leer y escribir hasta la universidad, pues esos son conocimientos que, en teoría, se aprenden en la educación básica (primaria). Sin embargo, les pregunto, de los 500 diputados y 128 senadores que conforman el Legislativo federal en México, ¿creen en verdad que todos son expertos en temas energéticos, jurídicos, internacionales, medioambientales, fiscales, político-electorales, democráticos, económico-laborales, tecnológicos, etc.?

La respuesta es obvia: no. Si bien es importante que el legislador conozca a fondo los temas y las implicaciones que tienen cada uno de los asuntos que va a abordar en el pleno o en comisión, también existen los cuerpos de asesores que sirven de ayuda para la redacción y formulación de textos, programas, iniciativas o reformas que el diputado o la diputada deberá presentar en su respectiva cámara.  Si esperamos que un legislador sepa de todo y que ese “todo” se lo va a proporcionar la universidad, estamos muy equivocados. Concedo, debe saber de lo que habla y defiende, pero no podemos esperar que sea experto en todos los temas que apremian la agenda nacional y, de nuevo, el ser joven no implica necesariamente que no sepas de un tema. La habilidad mental y el conocimiento no se garantizan en un promedio de 100 en la universidad, ni en un rango de tres o cuatro décadas de experiencia como mínimo.

Segundo: Porque es un atentado grave contra los principios básicos de la democracia.

Una democracia se caracteriza sí por un gobierno elector por la mayoría, pero con representación garantizada de minorías, así como por un sistema de transparencia, contrapesos, apertura a la crítica, etc. Así, pues, es menester de toda democracia garantizar el acceso a las esferas del poder (en cualquier orden de Gobierno) de los distintos grupos étnicos que forman parte de la población mexicana. En este sentido, los que abogan por este tipo de medidas, a partir de un contexto actual de marginación y exclusión social en el que viven millones de mexicanos, ¿se han puesto a pensar cómo se garantizaría la representación que por derecho tienen los grupos de la sociedad de los cuales el Estado no alcanza muchas a veces a garantizar su formación educativa? 

Exigir un nivel de estudios universitarios — así sea el más básico — para poder aspirar a un cargo de representación popular, pone en peligro a la población más vulnerable y rezagada en materia educativa, tecnológica y social. Asegurar la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, es una prerrogativa que todo Estado tiene y, el imponer una medida restrictiva en la que no todos pueden tener el derecho a representarse y a sus comunidades, constituiría un atentado a la representación de grupos indígenas y otras minorías étnicas que no podrían legislar en favor de sus pueblos, ni velar por las necesidades de sus agrupaciones y sociedades.

Si exigiéramos ya no el doctorado, pero sí la licenciatura como mínimo, dejaríamos sin el derecho de ser votados a la gran mayoría de estas poblaciones que, por regla casi general, difícilmente acceden a una educación a nivel superior. Hasta 2009, de los 28 distritos indígenas, se contaba con la representación de 17 diputados indígenas en el Congreso de la Unión[1], sin embargo, hoy no es posible conocer una cifra exacta sobre el número de diputados indígenas que hay en el Legislativo, ¡y eso que constitucionalmente no existe esa condición! En una democracia la representación de minorías no puede ser nula o relegada al olvido.

Tercero: Porque la oferta es mínima frente a la demanda.

Para todos aquellos que creen que es una buena idea exigir un mínimo de grado doctoral para aspirar a ser legislador en México, les invito a repensar su idea y ver un poco las cifras nacionales en materia de educación superior. De acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en México, por cada diez jóvenes que ingresan a la universidad, solamente cinco logran obtener su cédula profesional; esto quiere decir que en nuestro país, sólo el 50% de estudiantes universitarios se gradúan de licenciatura.[2] Ello considerando que, de acuerdo a estudios de la Secretaria de Educación Pública (SEP), por cada cien niñas(os) que entran a primaria, solamente entre 13 y 17 alumnas(os) logran terminar la licenciatura.[3]

Dichas cifras se reducen drásticamente si se escalan las mismas a una posterior matriculación en un postgrado, en tanto sólo entre una y tres de cada cien personas logran realizar un posgrado (maestría o doctorado)[4]. Sin embargo, hay cifras de otras fuentes que nos arrojan resultados incluso más fatalistas; de acuerdo al Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), en nuestro país únicamente dieciséis de cada 10,000 habitantes estudian algún tipo de posgrado; [5] es decir, hasta el 2014 sólo el 0.16% de la población en México tiene maestría o doctorado. Por otra parte, si tomamos en cuenta la más reciente Evaluación sobre Ciencia, Tecnología e Industria de 2007 presentada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), vemos una cifra similar, arrojando que, para ese entonces, en México menos del 0.2% de la población en edad de cursar una maestría o un doctorado, lograron obtener este grado; dos estudios con siete años de diferencia y una cifra casi constante. Y, por si esto fuera poco esclarecedor, con base en cifras de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), en 2011, en México se graduaron aproximadamente 3,000 alumnos de un programa de doctorado[6], y, según la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICyT), en 2012, tan sólo 2,724.[7]

Con todo lo anterior, no se trata de que, porque las estadísticas en materia de egresados de educación superior sean bajas, no debamos aspirar a legisladores más preparados o a mejorar estas mismas cifras — que es un deber para el bien nacional en cuanto a desarrollo humano y económico, así como en materia de crecimiento económico —, en tanto algo necesario. Sin embargo, pretender aplicar tal medida hoy no sería viable debido a que, muy probablemente, ni siquiera llenaríamos toda una legislatura en ambas cámaras. Y, dado el número de egresados con doctorado, en el supuesto utópico de que todos éstos se dedicaran a la política, inevitablemente, se concentraría el poder en la misma clase política, la única capaz de cumplir con estos requisitos. Con ello se correría el riesgo de incurrir en una oligarquía partidista o legislativa a través del intercambio intercameral de la mismas personas — eso sí, doctoras —, en un círculo vicioso con una alta y prolongada concentración de poder; un riesgo latente que, lejos de ser benéfico para el sistema político-electoral del país, sería perjudicial.

Entonces, ¿por qué sí a que se nos dé a los jóvenes la oportunidad de legislar en favor de la población? Porque creo que, independientemente de la edad, cualquier aspirante debe comprometerse y dar resultados, algo que no es exclusivo de la gente en cierto rango de edad. Por ello, mi «sí» irá a los políticos más honestos, eficientes, trabajadores que estén verdaderamente conectados con la gente. Porque, hoy por hoy, con la nueva reforma político-electoral la reelección es posible, lo que implica un mayor compromiso por parte del legislador hacia con sus electores, pese a la maña de los partidos de que sólo se haga a través de éstos. Sí al poder de nombrarlos, pero también de destituirlos en caso de falla grave o ineficiencia en el cargo — una acción posible con una nueva reforma política —. Sí a los jóvenes porque, incluso, éstos pueden no tener las mañas que muchos ‘viejos lobos de mar’ ya conocen por su amplia «trayectoria» y «experiencia». 

Sí porque ser joven no es sinónimo de estupidez, inmadurez o incapacidad. Sí porque todos tenemos derecho y porque para que haya políticas incluyentes en favor de la juventud, debe haber una representación juvenil que conoce el contexto y enfrenta las vicisitudes del sistema educativo, deportista, político, social-activista, o el campo laboral, por poner sólo unos ejemplos.

Sí porque la política necesita renovarse con nuevos rostros, nuevas energías y nuevas ideas. No se podría entender a la Rusia de hoy sin el legado de Iván IV Vasilievich, («El Terrible»), el primer zar que comenzó a gobernar ¡desde los diecisiete años! Independientemente de nuestra edad, los jóvenes tenemos la capacidad de hacer cosas y éstas pueden ser para bien o en perjurio de la población; el factor diferencial no es la edad ni la «experiencia», sino la ética personal y el compromiso cívico y moral que cada uno de nosotros (los jóvenes y los adultos en el poder) tengamos con nuestro entorno, nuestro país y su gente.

Sí porque los jóvenes tienen un hambre de salir adelante y forjar un futuro (que no es sinónimo de querer robar), aunado a los conocimientos frescos que su experiencia escolar o empírica le han otorgado. Sí porque, en este sentido, las tentaciones del poder son iguales para cada persona en el poder: hombres y mujeres por igual, de cualquier edad, carrera, origen o circunstancia. El robar o delinquir no es un acto propio o exclusivo de la longevidad o de un contexto social o económico en específico, sino de una patología o falta de consciencia en el ser humano.

Sí porque no pienso quedarme en la queja constante y cruzarme de brazos, esperando a que las múltiples y complejas soluciones de mis causas vengan o estén en manos de alguien más, o que, simplemente, éstas nunca no se formulen. Sí porque creo firmemente que somos el cambio que buscamos.

Referencias:


[1] La representación legislativa de los indígenas en México: De la representatividad descriptiva, a una representación de mejor calidad. (2013). Sonnleitner W. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. pp. 38-42.

[2] Sólo 5 universitarios de cada 10 se titulan. (2015, enero 07). Revisado el 12 de mayo de 2015 en: http://goo.gl/XemiVN

[3] 13 de cada 100 niños que entran a la primaria terminan una licenciatura. (2014, julio 05). Revisado el 12 de mayo de 2015 en: http://goo.gl/JTnbDf

[4] Ibid. http://goo.gl/JTnbDf

[5] Sólo 16 de cada 10 mil mexicanos estudian un posgrado. (2014, diciembre, s.d.). Revisado el 12 de mayo de 2015 en: http://goo.gl/MbhPM5

[6] Sólo uno de cada 3 egresados de posgrado logra empleo: AMC. (2011, mayo 22). Revisado el 12 de mayo de 2015 en: http://goo.gl/tAqncc

[7] Brasil y México tienen el 90% de los doctores graduados en América Latina. (2012, febrero 22). Revisado el 12 de mayo de 2015 en: http://goo.gl/oOTVed


Autor: Alessandra Rojo de la Vega

Comunicóloga especializada en comunicación social y política, relaciones públicas y estrategia digital. Es una activista comprometida con mi país y su soci...






Lo más visto...

tiempoyforma