A dos años de Ayotzinapa, aún faltan 43


Karla María Gutiérrez 

 

Tiempo y Forma.- Hoy lunes 26 de septiembre se cumplen dos años de los hechos violentos en Iguala, Guerrero que en 2014 derivaron en la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, sin que a la fecha se tenga certeza de qué pasó con las víctimas. 

 

La desaparición de los 43 significa una serie de violentos hechos criminales sin precedente en México. El caso ha dado la vuelta al mundo y pone en evidencia la incapacidad del gobierno mexicano para ofrecer información veraz respecto a lo que sucedió antes, durante y después del ataque violento, certero y organizado en contra de un grupo de la población civil. 

 

 

Cronología de hechos

El 26 de septiembre de 2014 estudiantes de la modesta Normal Rural de Ayotzinapa arribaron a bordo de dos autobuses a Iguala, Guerrero lugar donde secuestraron otras dos unidades con el objetivo de realizar una protesta ante las autoridades. 

 

Después de las 9 de la noche los normalistas fueron sorpresivamente atacados a tiros por policías municipales y un comando civil armado presuntamente al servicio del cártel "Guerreros Unidos", una escisión del cártel de los Beltrán Leyva. También fue tiroteado el camión del equipo de fútbol de tercera división Los Avispones. 

 

Lo que ocurrió la madrugada del día 27 es incierto. Tras el tiroteo, se supone que por órdenes del grupo delictivo, los estudiantes fueron detenidos en la cárcel de Iguala, luego policías del municipio de Cocula los llevaron hacia un lugar conocido como Pueblo Viejo y los entregaron a Guerreros Unidos sin dejar rastro alguno. 

 

Semanas después de lo ocurrido, de acuerdo a información proporcionada por el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, fue el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien ordenó el ataque contra los normalistas, en complicidad con su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, ambos ligados a Guerreros Unidos y presos en la actualidad por su responsabilidad en el caso.

 

Entre las líneas de investigación también han destacado la confusión de los estudiantes como integrantes de "Los Rojos", grupo rival a Guerreros Unidos; la de la incineración de los normalistas en el basurero de Cocula; y la existencia de un quinto autobús que habría sido utilizado con la finalidad de transportar drogas de Iguala a Chicago.

 

Las autoridades mexicanas destacan la muerte de cinco personas en Iguala, 43 estudiantes desaparecidos y 22 heridos en los ataques durante la jornada violenta. La versión oficial se centra en "La verdad histórica" que afirma que en el basurero de Cocula fueron ejecutados e incinerados 43 estudiantes, la cual fue desmentida en abril pasado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes luego de una exhaustiva investigación presentaron su informe final en el que aseguran no encontraron una sola evidencia para confirmar que en ese lugar se efectuó la incineración de los cuerpos.

 

El informe también advierte que las autoridades de México no han seguido líneas de investigación claves para resolver el caso que ha provocado la imparable acción de las familias de las víctimas y además señala su omisión al solamente centrarse en los autores materiales de la desaparición y no de los intelectuales, sin que tampoco exista claridad sobre los motivos de los mismos.

 

De acuerdo al GIEI, las autoridades mexicanas han manipulado evidencia, obstruido y rechazado diligencias, omitido una investigación de cadena de mando y protegido a elementos que presuntamente participaron en la desaparición de los normalistas. Los expertos señalan también que hubo hechos no investigados, evidencias clave destruidas, y que hubo una eficiente coordinación entre delincuentes y elementos de varias corporaciones de seguridad durante las diez horas del ataque. 

 

Otro dato de interés público es que el informe señala a las autoridades de efectuar actos de tortura en contra de 17 presuntos sospechosos, con la finalidad de apoyar la versión oficial de los hechos sobre lo que les sucedió a los normalistas. 

 

Acciones y reacciones...

En la búsqueda de los normalistas han participado fuerzas estatales, de la Armada mexicana y del Ejército. Pese a que el gobierno mexicano ofrece una recompensa para quien proporcione información precisa de su paradero, hasta el momento no han sido localizados.

 

Desde que inició la empresa de encontrar a los normalistas, se han localizado varias fosas comunes con restos humanos de cuerpos enteros o fragmentados. Según análisis de forenses nacionales e internacionales, ninguno corresponde a los desaparecidos de Ayotzinapa, aunque sí evidencia el nivel de peligrosidad y violencia por el crimen organizado en Guerrero.

 

Lo acontecido desató una cacería de brujas en la que han sido detenidos decenas de presuntos responsables y que destapó una cloaca en una de las entidades más inseguras en el país. 

 

La crisis por los normalistas le costó el cargo procurador a Murillo Karam y al gobernador guerrerense Ángel Aguirre Rivero, quien se vio obligado a solicitar licencia ante el Congreso local a finales de octubre de 2014, pues entre otras cosas salió a la luz pública que fue él quien impuso la candidatura del ex alcalde José Luis Abarca. 

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CDNH) ha emitido tres reportes en relación a los hechos y a la participación de elementos de fuerzas públicas de seguridad, y en un pronunciamiento oficial señaló que se trata de un caso de “extrema gravedad”; mientras que hace unos días jueces federales sentenciaron que los normalistas no fueron víctimas de desaparición forzada sino ejecutados. 

 

Otro hecho que llama la atención es que hace unos días presentó su renuncia Tomás Zerón, quien fungía como director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, pieza clave para las investigaciones del caso Ayotzinapa y la configuración de la verdad histórica, y quien ahora funge como secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad, gracias a un inexplicable nombramiento del presidente Enrique Peña Nieto, horas después de que el funcionario presentó su renuncia ante la Procuraduría.  

 

El caso marcado por la violencia contra los normalistas a través de actos catalogados como crímenes de lesa humanidad tiene en jaque al Estado mexicano. Incluso la Organización de las Naciones Unidas condenó los crímenes perpetrados. 

 

Hace unos días el representante del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos en México, Jan Jarab, visitó Ayotzinapa y afirmó que el caso "no puede quedar en la impunidad”, y reconoció su "admiración" por la "determinación y lo que han conseguido" los familiares de las víctimas, aunque fue enfático en que no existe la garantía de que los responsables "vayan a ser castigados". 

 

 

“Vivos se los llevaron, vivos los queremos” 

Este lema es el clamor de padres, madres y familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa quienes en su mayoría, de manera tenaz y organizada, exigen al Estado mexicano el esclarecimiento del caso y la localización de los normalistas. 

 

La búsqueda de sus desaparecidos ha tocado todo tipo de puertas, sin que hasta el momento hayan logrado llegar a la verdad. En tanto, organizaciones de la sociedad civil organizada y demás simpatizantes se han solidarizado con la causa y han participado en diversos actos como marchas multitudinarias que exigen justicia para la víctimas en varios puntos de México y otros tipos de apoyo desde el extranjero que han permitido visibilidad el caso en diversas latitudes.  

 

Las otras víctimas de Ayotzinapa, es decir, los familiares de los normalistas, son doblemente víctimas, por el dolor ocasionado por la desaparición forzada de sus hijos y por la falta de una adecuada atención por parte de las autoridades competentes quienes no han garantizado el acceso a la justicia ni la reparación del daño.

 

Los investigadores del GIEI sostienen que en el caso hay 180 víctimas directas y 700 indirectas por diferentes violaciones a los derechos humanos. 

 

Padres y madres en situación de pobreza, siguen siendo hoy, a dos años de su tragedia, un ejemplo de profunda dignidad, valentía, lucha y determinación.

 

 

¿Dónde están los desaparecidos?

¿Es posible atacar a tiros, secuestrar, trasladar, desaparecer e incinerar a un grupo de 43 normalista sin dejar rastro alguno, sin que nadie sepa nada y sin que las investigaciones arrojen datos concluyentes en un tiempo razonable?

 

¿Por qué los desaparecieron? ¿Las autoridades encubren a alguien, por qué? ¿Fue un hecho premeditado? ¿Concluirán las investigaciones caiga quien caiga? ¿Los crímenes quedarán impunes?

 

A dos años del caso Ayotzinapa, en el que policías y sicarios, codo a codo, atacaron y desaparecieron a estudiantes desarmados, es necesario cuestionar a las autoridades competentes respecto al esclarecimiento de los hechos pues las víctimas, sus familiares y la sociedad merecen saber qué ocurrió, sin olvidar la reparación del daño y la instauración de medidas preventivas y correctivas para evitar que un caso tan vergonzoso para México se repita en el futuro. 

 

 

 

 

 

 

Comentarios en Twitter @karlamariaopina


Autor: Karla María Gutiérrez

Directora Editorial de Tiempo y Forma. Periodista mexicana, productora, locutora y conductora de radio y televisión con 10 años de experiencia. Lectora emped...





También te puede interesar...


Lo más visto...

tiempoyforma